Las mujeres en condición de reclusión en México son las principales víctimas de la prisión preventiva que, de acuerdo con organismos internacionales, violenta los derechos humanos de las personas.
Según cifras de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios en los ámbitos estatal y federal 2024 del INEGI, al cierre de 2023, la población privada de la libertad se conformó por 233,277 personas: 94.3 % correspondió a hombres y 5.7 %, a mujeres. Con respecto a 2022, se registró un aumento de 3.2 por ciento.
En promedio, 37.3 % de las personas privadas de la libertad en 2023 no contó con una sentencia: para las mujeres este porcentaje fue de 46.9 % y para los hombres, de 36.7 por ciento.
En 2023, del total de la población privada de la libertad sin sentencia, 44.3 % se encontró en prisión preventiva oficiosa; 32.5 %, en prisión preventiva justificada; 3.5 %, en otro supuesto jurídico y para 19.7 % no se identificó el tipo de estatus jurídico.
La situación en sí misma es grave, pero se complica aún por las violaciones constantes a los derechos humanos de las reclusas en las cárceles del país. Recientemente se ha informado de casos graves en la prisión federal para mujeres en Morelos, en donde en los últimos tres años han muerto 15 mujeres, entre ellas algunas que se han suicidado presuntamente como consecuencia de tratos inhumanos.
En este contexto, en el marco del Día Internacional de Nelson Mandela, que promueve los derechos de las personas privadas de la libertad, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado al Estado Mexicano a diseñar una política penitenciaria que garantice condiciones dignas de detención.
La ONU-DH afirmó que las inadecuadas condiciones de detención, el hacinamiento, los problemas de autogobierno y corrupción, los esquemas rígidos de aislamiento administrativo y las deficiencias en las políticas de reinserción, son algunos de los retos que han sido señalados por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. El abuso de la prisión preventiva y la existencia misma de la prisión preventiva oficiosa han exacerbado estos desafíos. (ONU-DH)
Este llamado de atención se suma a las observaciones a México en el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entre las que destacan derogar las figuras jurídicas del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, completar el proceso de eliminación de la práctica del arraigo y la prisión preventiva obligatoria y reforzar las medidas para abordar la cuestión de las reclusiones prolongadas y arbitrarias y asegurarse de que las personas privadas de libertad gocen de las debidas garantías procesales.
Así como adoptar medidas para garantizar que la prisión preventiva se lleve a cabo en conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, la delegación mexicana no aceptó ninguna de estas recomendaciones. (ejecentral 05/07/2024)
Las violaciones a los derechos humanos en México, y en particular de las mujeres en situación de reclusión, se podrían agravar aún más de aprobarse las iniciativas enviadas el 5 de febrero de este año por el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados para asignar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y ampliar el catálogo de delitos en materia de prisión preventiva oficiosa. Este es un tema en el que Claudia Sheinbaum debería poner particular atención.
