En memoria de Porfirio Muñoz Ledo, demócrata destacado y gran defensor de los derechos humanos.
El hallazgo de un bebé en la iglesia La Resurrección de la colonia Industria del Vidrio, en Apodaca, trajo a colación un tema poco visible en México: los huérfanos de las violencias, que ya se cuentan por miles.
De acuerdo con la Fiscalía de Justicia de Nuevo León, el infante es hijo de una pareja que la noche del 6 de julio había sido ejecutada, junto con cuatro personas más. Al parecer, los presuntos responsables habrían dejado al bebe en el baño de la iglesia después de asesinar a su madre y padre.
A pesar de que cada día más menores de edad quedan en la orfandad como consecuencia de las múltiples violencias que se registran en México, ninguna institución relacionada con la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ha tomado la iniciativa de organizar un padrón que permita dimensionar el problema e instrumentar una estrategia pública integral para apoyar a las víctimas.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en México existen 1.6 millones de huérfanos por crimen organizado y desaparición forzada de sus padres. Si bien no son datos recientes, estas cifras reflejan la gravedad del problema, que no para de crecer. En este escenario, las niñas, niños y adolescentes son doblemente victimizados porque, por un lado, se quedan en condiciones de orfandad por la pérdida de sus padres y madres y, por el otro, el Estado los dejan en el abandono.
En situación similar se encuentran las hijas e hijos de madres víctimas de feminicidio. De 2018 a 2021, el gobierno federal contabilizó más de 5 mil huérfanos por feminicidio en México.
Si bien en julio de 2020 fue presentado el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de Orfandad por Feminicidio, cuyo objetivo es garantizarles el acceso a la justicia a través de la prestación de servicios diferenciados y especializados de ayuda inmediata, asistencia y atención por parte de las instituciones responsables, se carece de un padrón actualizado y los familiares que se quedan al cuidado de las víctimas, cuando es el caso, enfrentan trámites engorrosos para poder acceder a los apoyos.
Los mismos obstáculos enfrentan las personas que se hacen a cargo de los huérfanos de la violencia generada por el crimen organizado, a pesar de que la Ley General de Víctimas obliga a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.
El problema principal, en ambos casos, es la insuficiencia de recursos para que las dependencias responsables cumplan con su obligación.
A decir de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la orfandad de niñas, niños y adolescentes producto de la violencia tiene consecuencias diversas, entre ellos en su salud emocional, y los coloca en riesgo de explotación laboral, sexual, maltrato y violencia física.
Con estas omisiones, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador incumple con lo establecido en la Constitución, diversas normas secundarias y tratados internacionales en materia de derechos humanos. A un año de terminar su sexenio, atender el interés superior de la infancia nunca fue su prioridad.
