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Todo indica que López Obrador no se irá sin antes saldar cuentas con quien considera sus adversarios. Envalentado por el triunfo de Sheinbaum, el presidente ha enfilado sus baterías, de nueva cuenta, contra la oposición y sus críticos utilizando para su afán de venganza las mañaneras y las instituciones de investigación y justicia.
Ahora, el objetivo es Carlos Loret de Mola, su esposa, Berenice Yaber y Víctor Trujillo (Brozo), su compañero en la plataforma Latinus.
De acuerdo con la columnista Peniley Ramírez, el 8 de febrero la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, envió oficios a todas las casas de bolsa, de cambio, bancos y sociedades financieras, solicitando información de Loret, su esposa y Trujillo. (Reforma, 22 de junio de 2024).
No es la primera que la UIF investiga a Loret y Latinus, lo hizo en 2022 por órdenes de López Obrador. Previamente, el presidente exhibió ilegalmente en la mañanera los supuestos ingresos del periodista. Entonces, Loret denunció que eran datos falsos. Frente a la nueva andanada de la UIF, orquestada desde Palacio Nacional, afirmó en sus redes sociales que el gobierno quiere acabar con Latinus.
"Ya no es solo persecución y acoso contra periodistas. Esto es una bajeza, una cobardía. ¿Qué sigue? ¿Hasta dónde quiere llegar el régimen para intentar callarnos? En vez de investigar sus propios escándalos de corrupción, el gobierno usa de nuevo las instituciones del Estado para vengarse de los periodistas que documentamos esa corrupción. Quiere acabar con Latinus. Quiere acabar con nosotros. En cualquier país respetuoso de las libertades esto sería inadmisible, impensable, escandaloso", denunció. (El Universal, 22 de junio de 2024)
No cabe duda que López Obrador está empeñado en ejercer el poder hasta el último momento de su sexenio o quizá por más tiempo. A Loret le reprocha las investigaciones que ha publicado en Latinus de presuntos actos de corrupción de sus hijos, a través de contratos que el gobierno federal entregó a sus amigos.
Lo que no considera López Obrador es que, con el uso perverso de las instituciones contra periodistas y medios de comunicación, le está dejando una papa caliente a Sheinbaum.
López Obrador lo hizo desde el inicio de su gestión para cobrar factura a quienes, acusa, lo atacaron en las elecciones de 2006 y 2012. Mal haría Sheinbaum en seguirle el juego. Cargar con el desprestigio de violar el derecho a la libertad de expresión sería un mal inicio de gobierno.
En el régimen anterior, se afirmaba que había que tener cuidado con los presidentes en los últimos tramos de sus respectivos gobiernos porque, en su afán de demostrar que todavía tenían poder, podían dar coletazos letales.
Lo hizo López Portillo al nacionalizar la banca y decretar el control de cambios, en el marco del enfrentamiento que sostuvo durante todo su sexenio con los banqueros, a quienes culpó de la grave crisis económica del país, con el fin de ocultar su propia responsabilidad.
La gran diferencia es que López Obrador se comporta como si todavía le quedaran seis años más y actúa en consecuencia. Pero eso dependerá de Sheinbaum. Habría que esperar a ver si está dispuesta compartir el poder con quien instrumentó una elección de Estado para que ganara, y que parece estar decidido a cobrarle el favor, o gobernará con criterio propio.