Más allá de los resultados del 2 de junio, hay que celebrar la vocación democrática de las y los ciudadanos que participaron de manera entusiasta y ordenada en la jornada electoral.
Sin embargo, para poder entender el mandato en las urnas hay que interpretar de manera diferenciada los resultados. Se equivocan quienes piensan que a partir del triunfo obtenido podrán tomar decisiones sin tomar en cuenta el voto de las minorías.
En principio, es necesario precisar que, si bien hubo una importante participación de votantes, en la elección presidencial sólo sufragó el 61.04% de las personas registradas en la lista nominal. Es decir, 38.96 por ciento decidió, por razones que es necesario analizar, no votar.
Otro factor a considerar es que Claudia Sheinbaum, de la Coalición Sigamos Haciendo Historia, resultó ganadora con 35 millones 923 mil 984 votos; pero más de 22 millones de personas votaron por Xóchilt Gálvez, candidata de la Coalición Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Maynez, candidato de Movimiento Ciudadano.
Es decir, millones de personas manifestaron su desacuerdo con la candidata oficial y, por ende, contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Este importante porcentaje de votos obtenido por la oposición, y en particular por Xóchilt Gálvez, es una gran responsabilidad. Es un mandato de las y los ciudadanos que confiaron en ella y en la coalición que representó para que abanderen sus causas, propuestas, anhelos y convicciones.
A través de su voto, millones de personas manifestaron su inconformidad contra la ineficacia del gobierno de López Obrador, la polarización y división del país que promovió, los altos índices de violencia y la militarización; el aumento de asesinatos, feminicidios e infanticidios, la corrupción, concentración de poderes en el Ejecutivo Federal, el abuso en el ejercicio de poder y el fracaso en los sectores de salud, educación, seguridad, el campo, cuidado del medio ambiente, entre otros.
Cabe preguntarse cuántos millones de personas más hubieran votado en este sentido sin la intromisión de López Obrador y el billonario presupuesto de los programas sociales usados clientelarmente en todo el sexenio.
Porque la oposición no compitió solamente con Sheinbaum sino contra el activismo incesante en su favor de López Obrador. El proceso electoral fue, en toda su extensión, una elección de Estado.
El fraude no estuvo en la manera en cómo se dieron los resultados sino en la descarada intromisión presidencial, el uso masivo de recursos públicos e injerencia del crimen organizado. En varios distritos ubicados en regiones controladas por la delincuencia hubo casillas zapato en las que todos los votos favorecieron al partido en el gobierno.
Es poco creíble el triunfo de Morena en estados y municipios que gobierna devastados por la violencia, asesinatos y extorsión, al menos que haya tenido lugar un acuerdo previo justamente con los perpetradores de esta violencia.
A pesar de esto, millones de personas mantuvieron su convicción de que México necesita un cambio. En congruencia con ello, la oposición debe abanderar ese compromiso y vigilar que Sheinbaum haga una gestión eficaz, transparente, respetuosa de la Constitución y los derechos humanos.
Las y los mexicanos ya expresaron su opinión en las urnas y hay que hacerla valer, empezando por recurrir a la ley para que se limpie la elección y se respete la voluntad de todas y todos, tanto de quienes votaron por la mayoría como de millones de mexicanas y mexicanos que depositaron su confianza en las minorías, que también tienen derecho a que su voto se respete, cuente bien y tome en cuenta en el ejercicio de gobierno.
