La presión de diversos sectores de la sociedad obligó al presidente de la República a transparentar el proceso e informar acerca de los contenidos de los libros de texto gratuitos diseñados para el ciclo escolar 2023-2024, luego de la indignación generada por los diversos errores detectados, la opacidad, el incumplimiento en los principios educativos constitucionales y la decisión de imprimirles un sello ideológico favorable al gobierno en turno.
De entrada, resulta inaceptable que el gobierno federal haya elaborado los libros de texto sin antes haber culminado los planes y programas de estudio en los que se sustenten.
La Carta Magna establece que el Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República, de los cuales se derivan los materiales educativos que se utilizarán en los planteles, entre ellos los libros de texto.
Asimismo, establece que, para tal efecto, considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos, regionales y locales.
Uno de los cuestionamientos al gobierno federal es la decisión de haber reservado por cinco años la información relativa a quiénes participaron en la elaboración de los libros de texto y los criterios para el diseño de sus contenidos.
Los libros de texto que hoy distribuye la Secretaría de Educación Pública han sido objeto de controversias desde el anuncio mismo de la modificación de sus contenidos. Expertos pedagogos y educadores especializados han señalado errores de sus contenidos, lo que disminuye considerablemente la calidad educativa.
Esta situación resulta particularmente preocupante si tomamos en consideración la crisis educativa que nos heredó la pandemia de COVID y la baja en la calidad que ha significado la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, bajo consideraciones meramente políticas.
Hoy, el país enfrente una grave disyuntiva: o se aceptan estos deficientes libros de texto o dejamos a una gran parte de la población infantil carente de un instrumento indispensable para el aprendizaje. En este contexto, la respuesta del gobierno federal debe ir más allá de informar acerca del proceso de elaboración y quienes participaron en su diseño.
Está obligado a corregir aquellos contenidos que se no se ajusten a los principios rectores en materia educativa señalados en la Constitución de la República antes de distribuirlos a los planteles. En ese sentido, en tanto se realizan las correcciones pertinentes, se debe detener su distribución y utilizar los del ciclo escolar anterior.
Es relevante precisar que el diseño y distribución de libros de texto gratuitos fue concebido como un instrumento para garantizar el derecho a la educación y disminuir las brechas de desigualdad en nuestro país.
De tal manera que el presidente y la SEP atentan contra el derecho a la educación y el interés superior de la infancia al tratar de convertirlos en una herramienta de adoctrinamiento, falseando la historia, sin tener un acucioso rigor científico, sin la consulta a los padres de familia, expertos pedagogos y otros sectores involucrados, reduciendo el proceso educativo a la simple transmisión de contenidos ideológicos, despojándolo de su función social.
