La reforma aprobada por el Congreso de la Ciudad de México para extender la prescripción de los delitos sexuales contra menores de edad es motivo de celebración frente al incremento constante de la violencia sexual infantil.
La reforma al artículo 181 bis precisa un aumento de 17 a 24 años de prisión a quien cometa pederastia y de 4 a 9 años de prisión para quien ejecute actos sexuales contra menores de edad.
Asimismo, el congreso capitalino aprobó que personas menores de edad, víctimas de delitos sexuales, puedan denunciar a su agresor hasta 30 años después del ilícito. En la actualidad, prescribe a los 18 años.
Desafortunadamente, la mayoría de los estados no han tipificado el delito de pederastia en sus respectivos códigos penales a pesar que, desde el 18 de octubre de 2023, se publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de imprescriptibilidad del ejercicio de la acción penal y de sanciones de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de dieciocho años.
En mi calidad de diputada federal, el 28 de agosto de 2014 presenté ante la Comisión Permanente una iniciativa con el fin de establecer la imprescriptibilidad de la pederastia y sancionar a quienes encubran a los responsables, incluyendo a servidores públicos.
El 30 de abril de 2015, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad modificaciones al artículo 205 bis del Código Penal Federal para establecer que la sanción estipulada para los delitos de pederastia y abuso sexual de menores fuera imprescriptible.
Al tomar la palabra, durante la discusión del dictamen en el pleno, resalté la gravedad de este delito que se presenta en espacios educativos, albergues, hospitales, orfanatos, seminarios, lugares de culto religioso y centros de tratamiento contra adicciones, entre otras.
Sin embargo, a pesar del esfuerzo por establecer la imprescriptibilidad, aumentar las penas y combatir la impunidad contra pederastas, la violencia sexual contra niñas, niños y adolescente se incrementa de manera alarmante.
De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), a partir de registros de la Secretaría de Salud, en los hospitales del país se atendió por violencia sexual a 9,929 personas de entre 1 y 17 años durante 2022. Esta cifra significó un aumento de 21.9% con respecto a lo observado en 2021.
Las víctimas de violencia sexual de entre 1 y 17 años son principalmente mujeres; ellas representaban el 92.9% de las niñas, niños y adolescentes atendidas por esta grave violación a sus derechos a nivel nacional.
Frente a esta crisis, en junio de 2021, la UNICEF enfatizó que el Estado Mexicano, a través de los gobiernos federal, estatales y municipales, tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para prevenir, detectar y atender oportunamente el abuso sexual infantil en todo contexto, incluido el escolar, conforme las normas internacionales y nacionales de derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño.
Es claro que el esfuerzo realizado en materia penal no será suficiente en tanto no exista más presupuesto y un trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno y las dependencias corresponsables para combatir a fondo la pederastia y la impunidad de los perpetradores
No sé debe postergar más este esfuerzo de coordinación, urge poner en el centro de la acción pública los derechos de la niñez y adolescencia.