La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados inició el proceso de análisis, discusión y eventual aprobación de las 18 iniciativas de reforma a la Constitución, y dos legales, enviadas el 5 de febrero por el presidente de la República.
La intención es que, en términos parlamentarios, no precluyan con el cierre de la LXV Legislatura y sigan vigentes para que la siguiente legislatura pueda discutir y, en su caso, aprobar, los respectivos dictámenes.
Hasta el momento han sido aprobados los dictámenes de las reformas en materia de pensiones, vivienda, salario mínimo, apoyo a jóvenes, vías y transporte ferroviario, austeridad y percepciones de servidores públicos.
Han sido avalados por la mayoría de las fracciones parlamentarias que componen la Comisión de Puntos Constitucionales, y enviados a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo correspondiente.
Están pendiente 14 iniciativas de reforma, entre ellas cuatro polémicas por su impacto negativo. Éstas son las que buscan reformar el Poder Judicial, desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE), incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y extinguir siete organismos autónomos para que sus facultades sean absorbidas por distintas dependencias federales.
Ésta última iniciativa plantea diversas reformas a la Constitución en materia de simplificación orgánica para lo cual propone desaparecer la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU).
El argumento es la austeridad y destinar los recursos públicos utilizados por los actuales Órganos Constitucionales Autónomos (OCAs), entre otros rubros, a la política social y al desarrollo del país, sin especificar a qué áreas.
Aunque cabe recordar que la mayoría del dinero obtenido con la desaparición de fideicomisos, fondos, organismos y programas públicos han sido canalizados por la actual administración a los megaproyectos, que siguen absorbiendo recursos multimillonarios del presupuesto público sin alcanzar la autonomía financiera y sin que el uso de estos recursos haya sido justificado y transparentado adecuadamente.
En México, el origen de los OCAs se remonta a la década de los 90s, en el marco de una serie de reformas constitucionales y legales para impulsar la democratización y transparencia; así como combatir la corrupción e ineficiencia gubernamental, romper con el control del régimen sobre la organización de las elecciones y fortalecer los contrapesos constitucionales.
Su creación fue parte de un desarrollo similar en varias naciones, en el contexto de un proceso de modernización del Estado, globalización y apertura del mercado, aunque en nuestro país algunos de ellos jugaron un papel fundamental para alcanzar la transición democrática en el año 2000, en particular el ahora INE.
La mayoría de estos cambios, especialmente los relacionados con los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales, fueron promovidos por las minorías parlamentarias de oposición y en cuya creación el Partido de la Revolución Democrática jugó un rol fundamental.
No hay espacio suficiente para analizar las implicaciones negativas de la extinción de los OCAs, sin embargo, cabe hacer un llamado al Congreso de la Unión a que haya una amplia discusión para evitar una regresión democrática, reducir contrapesos constitucionales; facilitar aún más la corrupción y opacidad, y volver a la excesiva concentración de poderes en el Ejecutivo Federal que tanto daño le hizo al país.
