La desaparición de Notimex anunciada por el Presidente de la República significa otro golpe a la democracia en el país y, por supuesto, al derecho de acceso a la información pública, cuyo cumplimiento es uno de los objetivos prioritarios de los medios públicos.
El argumento utilizado por López Obrador para justificar la desaparición de Notimex refleja, sin duda, su corta visión respecto a los fines de los medios públicos. Asumir que Notimex ya no hace falta porque su gobierno cumple con informar a la sociedad a través de la mañanera es una aberración que lo pinta de cuerpo entero.
Desde que asumió el cargo, López Obrador ha centralizado la difusión de la información gubernamental en las mañaneras, al tiempo que ha disminuido drásticamente el presupuesto de los medios públicos del Estado Mexicano y los ha utilizado al servicio de los intereses de la 4t.
Usar los medios públicos para difundir las concentraciones a las que ha convocado en el Zócalo de la Ciudad de México es una absoluta perversión de los objetivos que estos medios de comunicación deben tener, lo que implica además el uso ilegal de recursos públicos con fines políticos.
Ello se agrava con la decisión del gobierno de utilizar a los medios estatales para sumarse a la campaña de descalificación emprendida por López Obrador contra quienes cuestionan la errática actuación de su administración.
Si bien Notimex surge como una agencia de noticias oficial para difundir las actividades de los Juegos Olímpicos de 1968 celebrados en México, desde el 2 de junio de 2006 se convirtió en la “Agencia de Noticias del Estado Mexicano”, dotada de autonomía técnica con la misión de “contribuir al desarrollo de la democracia y la imagen de México en el extranjero, mediante la cobertura noticiosa del ámbito nacional e internacional, para promover el derecho al libre acceso a información plural y oportuna, bajo los principios de veracidad, imparcialidad, objetividad, pluralidad, equidad y responsabilidad.”
La desaparición de Notimex implicaría, además, una agresión más en contra de los trabajadores aglutinados en el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), que desde hace tres años se mantienen en huelga por el despido injustificado de al menos 200 colaboradores, el acoso y las violaciones a sus derechos humanos y laborales perpetrados por la directora Sanjuana Martínez, a quien López Obrador defiende a capa y espada. Desde este espacio expreso mi solidaridad con los integrantes de SutNotimex y su dirigenta, Adriana Urrea, por la férrea lucha que han dado en defensa de sus derechos y la libertad de expresión.
El mal uso que el gobierno de López Obrador ha dado a los medios públicos transgrede la Declaración Universal de Derechos Humanos, vinculatoria a todos los Estados firmantes, cuyo artículo 19 establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole…”
Además, vulnera la relación entre el Estado y la sociedad, así como la obligación estatal de promover la transparencia, la pluralidad, la diversidad, la cultura e identidad nacional, que son principios rectores de la democracia.
