Rebasado por la fallida política de seguridad, que tuvo como eje estratégico la profundización de la militarización y su tolerancia a la actuación del crimen organizado con la oferta de “abrazos y no balazos”, López Obrador hace ahora un llamado a que todos resolvamos la crisis de violencia generada en gran parte por la incompetencia e indolencia de su gobierno a lo largo de cinco años.
Posterior al enfrentamiento entre civiles e integrantes de una célula delictiva que dejó un saldo de 14 personas fallecidas en Texcatitlán, Estado de México, el presidente hizo un llamamiento a la población para combatir problemas, como la extorsión y el narcotráfico, “entre todos”.
Después de más de 156 mil personas asesinadas y 44 mil desaparecidos durante su administración, López Obrador pide que todos seamos parte de la solución de una crisis que él provocó al empeñarse en entregar la responsabilidad de la seguridad a las Fuerzas Armadas, incluyendo la cesión de facto de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyos resultados, a la luz de las cifras anteriores, han sido un fracaso.
Como en la mayoría de las políticas públicas desplegadas durante su administración, López Obrador se empecinó en controlar la seguridad, al tiempo que minimizó la participación de actores fundamentales como las entidades federativas, municipios, organizaciones sociales y empresariales.
También redujo de manera sistemática las participaciones federales al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y desapareció el subsidio del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad, lo que tuvo como consecuencia un mayor debilitamiento de las corporaciones policiacas locales que, en la mayoría de los casos, poco tienen que hacer ante los cada vez mejor armados grupos del crimen organizado.
Frente a la exclusión y maltrato de la Federación, la disminución presupuestal y las decisiones unilaterales, la mayoría de los gobiernos locales, incluso del partido del presidente, arguyen que el narcotráfico, el principal generador de la violencia en las entidades, es competencia del gobierno federal y reconocen la incapacidad de las corporaciones estatales para enfrentarlo.
Ligado a la militarización de la seguridad, López Obrador desplegó una política social, en particular el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el supuesto de “competir” con la delincuencia organizada para arrebatarle a los jóvenes.
Hoy, los jóvenes son el grupo de la población más afectado por la violencia que azota al país y los miles de millones de pesos destinados a este programa han sido utilizados más con fines clientelares que para generar mejores condiciones de vida para la juventud.
Tanto la infancia como la adolescencia se han convertido en objetivos del crimen organizado en detrimento de sus derechos humanos. Hasta agosto de 2023, en la presente administración han sido asesinados más de 50 mil jóvenes de entre 15 y 26 años.
Las consecuencias del fracaso de la política de seguridad han sido funestas. Se requiere con urgencia un golpe de timón. Es por demás evidente que ni la militarización ni los abrazos son la solución. Hay que ponerle un alto al baño de sangre y eso sólo será posible rescatando los principios básicos del Estado de Derecho y construyendo gobiernos eficaces, transparentes e incluyentes.
