El 4 de diciembre de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Me correspondió en aquel entonces, ser la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez en la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados.

La primera lucha fue hacer de la Comisión Especial una Comisión ordinaria con facultades de dictaminación, lo cual ocurrió el 8 de octubre de 2012. Esto permitió impulsar y participar en el diseño de la ley, desde su concepción, el diseño y todo el proceso legislativo.

En su momento, esta ley generó el reconocimiento internacional a nuestro país debido no solo al catálogo de derechos, sino a los mecanismos de protección y, en su caso, restitución de los derechos para las niñas, niños y adolescentes.

Se creó el Sistema y la Secretaría Ejecutiva avanzó a pasos agigantados en la conformación y consolidación de las instancias encargadas en los niveles estatal y municipal. Sin embargo, y de manera evidente, una de las grandes carencias es el presupuesto para las infancias.

Después de la aprobación de la Ley General, en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, tuvimos una asignación en el Anexo 18, para la atención de Niñas, Niños y Adolescentes, de poco más de 706 mil millones de pesos y, en general, durante estos 9 años se ha mantenido prácticamente igual, si tomamos en consideración los efectos inflacionarios.

En este año, la Cámara de Diputados aprobó un monto de poco más de 979 mil millones de pesos. Para el año 2025 se proyecta, al menos hasta ahora, un billón de pesos, es decir, un millón de millones de pesos destinados a la infancia. Y esto podría alegrarnos, si las características de lo asignado fueran diferentes.

No podemos alegrarnos, porque el incremento, particularmente a partir del año 2018, no se centra en el fortalecimiento de los derechos de niñas niños y adolescentes y de las instituciones que los fomentan, protegen y restituyen, sino en el otorgamiento de apoyos directos, que pretenden sustituir la garantía de los derechos que es obligación del Estado.

No me pronunció en contra del otorgamiento de este tipo de apoyos directos, sin embargo, estoy convencida de que no pueden sustituir las obligaciones que el Estado tiene para garantizar una infancia y adolescencia plena y que las niñas y niños sean sujetos de derechos y no objetos de apoyo corporativo y botín político.

Por otro lado, es importante señalar que esta ley mereció el reconocimiento internacional debido básicamente al diseño institucional del Sistema de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)

Es decir, la Ley General no solo establece un catálogo de derechos y mecanismos de exigibilidad y, en su caso, restitución, sino que también crea todo un entramado institucional que salvaguarda los derechos y vigila el cumplimiento de las obligaciones de todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno, por lo que su actuación trasciende a la estructura federalista del Estado Mexicano.

A pesar del impacto positivo de la ley, México puede aprender de otras experiencias internacionales para fortalecer no sólo el SIPINNA, sino también la participación genuina de quienes tienen menos de 18 años, promoviendo la inclusión y el empoderamiento de ellas y ellos en la toma de decisiones que afectan sus vidas. De esta manera, sin duda, estaremos forjando mejores ciudadanas y ciudadanos, cuya participación cívica fortalecerá la democracia en nuestro país.

Con mis mejores deseos para Lorena Villavicencio quien ha sido nombrada Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

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