El Congreso General inició el Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la LXV Legislatura y uno de los temas destacados en la agenda del Senado de la República es el análisis, y en su caso aprobación, de las modificaciones que quedaron pendientes del llamado “Plan B”, que ha sido cuestionado desde diversos sectores de la sociedad porque, en los hechos, significa, este sí, un sabotaje a la democracia en el país.
El “Plan B” contempla modificaciones a seis leyes que, en su mayoría, fueron aprobadas en diciembre de 2022, pero quedan pendientes algunas que rechazó el Senado y regresó a la Cámara de Diputados para su revisión, misma que también ya las aprobó en ese sentido y se las devolvió.
De hecho, en su primer día de sesiones que tuvo lugar el 1 de febrero, la Mesa Directiva de la Cámara Alta turnó la minuta de la Cámara de Diputados a las comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Justicia.
Algunos de los cambios no aceptados, que fueron promovidos por el PT y PVEM, partidos aliados de Morena, están relacionados con la transferencia de votos, la conservación del dinero que no se haya gastado durante el año y la eliminación de multas por padrones irregulares.
Sin embargo, la última palabra respecto a este tema la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que tiene pendiente de resolver los recursos de inconstitucionalidad presentados por distintos actores, entre ellos el PRD, PRI y PAN, que integran la Coalición Va por México; y la controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral.
Este es uno de los asuntos más álgidos que abordará la SCJN en esta etapa que inicia la nueva presidenta, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien desde los primeros días de su elección enfrentó el desdén del presidente López Obrador, el cual no ha superado el hecho de que la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, haya fracasado en su intento de presidir la Suprema Corte, luego del escándalo por el presunto plagio de su tesis de licenciatura.
Por la trayectoria de la Ministra Piña Hernández, estoy segura que no cederá ante las presiones del titular del Ejecutivo Federal en la discusión del “Plan B”, con el que está empeñado en descuartizar al INE, como bien dijo el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova.
Y no le falta razón a Lorenzo Córdova. Con esta reforma se debilitaría la autonomía del órgano electoral, se transgredirían los derechos alcanzados por las mujeres en torno a la paridad y combate a la violencia de género, y vulneraría la organización de las elecciones. De concretarse, significaría un grave retroceso en materia electoral. Por eso es importante que todas y todos los ciudadanos participemos en la concentración en contra del “Plan B”, que tendrá lugar el 26 de febrero. Ni un paso atrás: “Mi voto no se toca”.
