El asesinato de cinco jóvenes perpetrado por elementos del Ejército Mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lamentablemente concede la razón a quienes advertimos de los riesgos que implica la militarización de la vida y la seguridad públicas.
Literalmente, los jóvenes fueron ejecutados por los soldados, quienes actuaron con absoluta impunidad no sólo durante los hechos; sino también cuando los familiares trataban de impedir que se llevaran el vehículo en el que se transportaban los jóvenes, para evitar que borraran evidencias.
La falta de preparación de los militares para intervenir en acciones preventivas y el uso excesivo de la fuerza han sido una preocupación de especialistas, organizaciones civiles y organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, que hicimos nuestra diputadas y diputados del PRD, PAN, PRI y MC cuando se discutió en el Congreso de la Unión el marco normativo para regular la participación de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la Iniciativa que Expide la Ley Federal que Regula la Disposición de las Instituciones de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, alertamos que no era posible simplemente ordenar al militar ejercer el papel de policía, sino que se debe delimitar su actuación al marco jurídico policial para la defensa del ciudadano, la cual dista de su formación y auto conceptualización en donde hay vidas que pueden ser sacrificadas por un bien mayor, haciendo que los derechos humanos sean secundarios bajo el casus belli en el que descansa el derecho militar. Cabe destacar que esta propuesta legislativa no fue aprobada por Morena y sus aliados.
Esta advertencia quedó confirmada en los acontecimientos de Nuevo Laredo. Los militares ignoraron la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la cual puntualiza que el uso de la fuerza se hará en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos y regirse por los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia. Añade que la fuerza letal sólo debe usarse
de manera excepcional si se considera que existen amenazas letales inminentes, que no fue el caso de lo ocurrido en Nuevo Laredo, por más que intenten justificarlo así.
Al respecto, la actitud del Presidente de la República y de la Defensa Nacional no sólo es ambigua, sino que busca crear cortinas de humo como involucrar con el crimen organizado a Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien ha asumido la defensa de las víctimas; así como pretender enjuiciar a los presuntos responsables en la justicia militar, cuando deben ser investigados por la Fiscalía General de la República y procesados en juzgados civiles.
Estos crímenes no deben quedar impunes y deben reabrir el debate en torno a la necesidad de replantear la militarización de la seguridad pública no sólo por su fracaso, sino porque que ha derivado en la pérdida de miles de vidas y en violaciones constantes a los derechos humanos.
