El 4 de mayo de este año, cuando a todas luces la inflación ya no era un fenómeno transitorio, el presidente López Obrador dio a conocer el Paquete Contra la Inflación y la Carestía, el PACIC. Hubo quien en un inicio lo quiso comparar a los “pactos” que fueron implementados a finales de los 80 para frenar la inflación sin detener el crecimiento económico. A diferencia del PACIC, los “pactos” de hace más de 30 años incorporaban acuerdos entre sectores con compromisos puntuales. Más allá del éxito o fracaso de aquellos acuerdos, el paquete presentado por López Obrador no tiene ni la estructura ni el alcance que se planteó en aquellos años.
El PACIC contiene 16 medidas que, en parte, son solo buenos deseos. Entre esas medidas se encuentran la reducción en los costos y en los tiempos de despacho aduanal y un despacho ágil de la carga en puertos marítimos. Se fortalecería la seguridad en las carreteras al incorporar a 12 mil elementos y 2,300 vehículos que “garantizarían” el traslado seguro de mercancías por vía terrestre. Habría también un aumento en la producción de granos mediante la coordinación de Sembrando Vida y Producción para el Bienestar.
No obstante, sí hay una medida del paquete anti-inflacionario que ha servido para contener el alza en los precios. De no ser por los estímulos fiscales para mantener el precio de la gasolina por debajo de lo que la propia fórmula determinaría, la inflación estaría por arriba de 10%, según señaló el secretario de Hacienda. Esos estímulos fiscales cuestan y cuestan mucho: cerca de 292 mil millones de pesos entre enero y agosto, según informó Raquel Buenrostro. Los estimados del IMCO están más cerca de los 312 mil millones.
Lo mejor de ese PACIC fue justo lo que no era: control de precios.
Como era de esperarse, el PACIC no ha servido para contener la escalada en los precios. La inflación de los 24 productos contemplados en el paquete fue 15.7% anual durante la primera quincena de septiembre, prácticamente siete puntos por arriba de la inflación general.
¿Qué sigue? El presidente sabe que la inflación es un impuesto regresivo y por la forma en la que se está presentando actualmente, concentrándose en alimentos y bebidas en los que los más pobres gastan más como fracción de su ingreso, lo es aún más. Ya se reunió con empresarios del sector agroalimentario porque su preocupación radica ahora en el precio del maíz y de la tortilla.
El kilo de tortilla en la Ciudad de México ronda los 20 pesos en promedio. En algunos estados, como Colima o Sonora, está más cerca de los 30. Pero hay diferencias. Los supermercados, en particular los más grandes, pueden vender el kilo de tortilla en 12 o 13 pesos. Pueden perder en ese producto porque tienen miles de productos en los que pueden recuperar lo perdido. ¿Cuánto tiempo podrán mantener bajo el precio? Solo ellos lo saben.
El presidente anunciará pronto la nueva versión del PACIC. Probablemente tenga más liberalización comercial para facilitar importaciones y eliminará alguna que otra traba a ciertos cultivos, procesos en sí mismos delicados por las distorsiones que implican. Como en la primera versión, quizás contenga acuerdos para mantener el precio de algún bien específico por cierto periodo. Lo conoceremos pronto. Solo esperemos, una vez más, que lo mejor del PACIC 2.0 sea lo que no contiene: controles de precios.
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