Mucho ha cambiado el país en 50 años. El México de hoy no es el de los 70. Parece una tontería decirlo, pero quizás sea más tontería pensarlo. Porque cuando vemos lo que está haciendo esta administración en materia energética no podemos más que pensar en el anhelo de una época que ya se fue, deseo que es ciego a los beneficios que los cambios tecnológicos podrían traer para hacer del nuestro un mejor país.
Hace unas semanas el presidente López Obrador presentó una iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica que tendría, de ser aprobada, implicaciones nocivas para los consumidores de electricidad –todos los mexicanos–, las finanzas públicas, el medio ambiente y la reputación del país. Supongo que el objetivo tras el que se escudan todos estos daños, el supuesto bien a perseguir, sería la “rectoría del Estado” o la “soberanía eléctrica”, si es que podemos concretar esas frases meramente ideológicas.
Como bien lo señaló Óscar Ocampo, coordinador de proyectos energéticos del IMCO, en su participación en las sesiones de Parlamento Abierto para discutir la iniciativa, el propósito de la política energética debería ser beneficiar al ciudadano. Hoy por hoy la energía eléctrica se va “despachando” al sistema conforme a sus costos de generación, entra primero la más barata para asegurarse que el consumidor la reciba al menor costo posible. Los costos promedio por megawatt-hora de las energías renovables a partir de las subastas de largo plazo fue de 401 pesos en 2020. En enero de este año ya era 382. El costo promedio de generación de la CFE fue de 1,413 pesos en 2020 y en enero ya había subido a 1,515. La ineficiencia es cara.
Con la reforma propuesta, los costos de esa ineficiencia se pasarían al consumidor puesto que la energía de CFE entraría primero en la fila de “despacho”. La única forma de que no se incrementaran los costos para los consumidores –de nuevo, todos los mexicanos– sería que se subsidiara, dedicándole recursos públicos que podrían ser destinados en otras cosas, como el sistema de salud o comprar vacunas, por ejemplo. Ocampo señaló que en 2021 se presupuestaron 70 mil millones de pesos para compensar a la CFE las pérdidas por subsidios. Esa cifra solo se incrementaría si la propuesta avanza. Terrible desperdicio de recursos.
Pero la propuesta va más allá. Pretende otorgar Certificados de Energía Limpia a centrales que no necesariamente cumplen con los criterios para recibirlos. Así, el paso hacia la generación de energía limpia se retrasaría en la realidad, pero se simularía la transición. No se cumpliría lo planteado en el Acuerdo de París que establece que para 2024 el 35% de la generación eléctrica debería de ser limpia. Una simulación que le saldrá muy cara al país en términos reputacionales y más cara aún a las siguientes generaciones de mexicanos que vivirán en un México más contaminado.
No alcanzan estas líneas para hablar de las violaciones a los acuerdos comerciales que la iniciativa desataría.
¿Qué es lo que queremos? ¿Regresar a un pasado que es mejor en los sueños de algunos de lo que en verdad fue, o ver hacia adelante y procurar un mejor país? Esos sueños están construyendo las pesadillas de las generaciones venideras. El daño será irreparable.