Que el presidente López Obrador tiene una visión estatista de la economía no es ninguna novedad, pero las frases que ha repetido en un par de ocasiones en los últimos días invitan a pensar en una faceta empresarial del gobierno o en el papel del Estado como agente proveedor de bienes y servicios.
El miércoles pasado el presidente de Iberdrola descartó iniciar nuevos proyectos en México si el gobierno no quiere que la empresa siga invirtiendo aquí. Claramente, la posición de Iberdrola responde a la postura de la ya-no-tan-nueva administración en materia energética. Frente a ese comentario, el titular del Ejecutivo respondió: “Somos funcionarios públicos, a nosotros no nos interesan los negocios privados, sino los públicos”. Agregó que se había abusado mucho y que era dejarle el mercado de los energéticos a los privados, lo que implicaba “menguar, socavar, destruir, acabar con Pemex y la CFE…”.
Ayer, ante la carta enviada por legisladores de Estados Unidos a su presidente en el que le solicitan buscar una resolución con el gobierno mexicano para que se cumpla la legislación y los acuerdos en materia energética, el presidente López Obrador repitió la misma idea agregando que a él le paga el pueblo de México y diciendo que los únicos negocios que le deben interesar son los negocios públicos.
¿Existen los negocios públicos? ¿Deberían de existir? Existe el interés público y es ahí donde tendríamos que enfocarnos. ¿Está en el interés público administrar empresas crecientemente ineficientes? En términos de la discusión energética, ¿dónde se centra el interés público? ¿En la producción eficiente de energía al menor costo disponible para beneficiar vía acceso, precio y calidad a más mexicanos o en el mantenimiento de cotos de poder a toda costa? Es curioso que el presidente haga referencia en la conferencia mañanera del lunes a las empresas particulares, señalando que pueden participar, “pero no abusar, no monopolizar como lo hicieron en el periodo neoliberal” justo cuando él está llamando precisamente a regresar a los monopolios, a esos monopolios que no solo han costado —y cuestan— demasiados recursos en términos monetarios y desde luego presupuestales, sino también en pérdidas en competitividad por el trato preferencial en todas las etapas productivas.
La actividad económica en el país la mueve el sector privado. La inversión privada representa muchas veces más el monto de la inversión que hace el sector público. Con los últimos datos disponibles, la primera representó 15.2% del PIB. La segunda, 2.7%. Es a través de la inversión privada como se genera la enorme mayoría de los empleos en México.
Pero es el sector público el que la habilita o la frena. Es el gobierno el encargado de regularla, de facilitar los negocios y la creación de empleo, para lo cual siempre debería de tomar en cuenta el interés público. ¿Qué le interesa a los mexicanos, a ese pueblo al que el presidente hace referencias continuas? ¿Mantener a Pemex o a la CFE a toda costa o tener acceso a energía a buen precio que les permita producir y desarrollarse?
No nos confundamos. El gobierno no se debe guiar por el principio de maximización de utilidades del sector privado. No son negocios públicos. Es el interés público el que hay que defender.
