Al cierre del segundo trimestre de 2020 la inversión representaba 17.9% del PIB. Es el porcentaje más bajo desde el segundo trimestre de 1996. El porcentaje tiene que entenderse en un contexto amplio, por ejemplo, se estima que un país del nivel de desarrollo de México debería tener un monto de inversión que represente alrededor del 25% de su producción.
La inversión había estado por arriba del 20% del PIB desde 2003. En promedio hasta el cierre de 2019, la inversión representó 21.8%. Hablo de la inversión total, que comprende la pública y la privada. La primera es relevante por el efecto multiplicador que puede tener sobre la segunda, que es considerablemente mayor. Usando el mismo periodo para comparar, la inversión pública ha representado en promedio 4.3% del PIB y la privada, 17.4%. La inversión total a partir del primer trimestre de 2019 ha sido la siguiente: 21.6%, 20.5%, 21.1%, 20.3%, 19.6% y 17.9%. Sin duda la pandemia frenó la inversión, pero ésta había empezado a decrecer desde antes. Existe una fractura entre la postura pública respecto a la inversión privada y lo que en los hechos se ha traducido en un freno a la misma. El anuncio de los proyectos de infraestructura de ayer es una muestra.
El plan anunciado cuenta con una inversión que, de concretarse, y eso no es tarea menor, representaría 1% del PIB, un poco más de 297 mil millones de pesos. En la conferencia mañanera se afirmó que la meta sería lograr una inversión de 22% del PIB para finales de 2021 o para el primer trimestre de 2022, aunque en la presentación utilizada se habla de 25%. No es claro si se trata de inversión total o de inversión privada únicamente. Este plan incluye 39 proyectos de infraestructura, de los cuales siete ya están en marcha. De estos proyectos, 32 son en telecomunicaciones y transportes —básicamente carreteras—, dos en temas medioambientales y cinco en energía.
Lo anunciado en materia energética no son buenas noticias. Son cinco proyectos que representarían una inversión de 99 mil millones de pesos, pero orientados únicamente al segmento de transformación industrial de hidrocarburos que incluso ya se encontraban en la cartera de Pemex y de CFE. De esos cinco, una es una planta de fertilizantes. Otros dos se refieren a dos coquizadoras (plantas para procesar combustóleo o crudo pesado) que ya existen, incompletas y sin operar, pero que definitivamente no podríamos calificar como nuevos proyectos. El único proyecto nuevo es la planta de etano. No hay proyectos en generación eléctrica, nada de energía renovable ni de transporte y almacenamiento de combustibles.
La señal que se manda en este plan energético es preocupante. No toma en cuenta lo que el país necesita, no hay una visión de futuro ni de desarrollo. Los proyectos anunciados solo reflejan la voluntad de la administración actual, encaminan la inversión a hidrocarburos en proyectos ya palomeados por Pemex o por CFE. No se permite la búsqueda de oportunidades de inversión en el sector y se cierra la puerta a la innovación hacia procesos menos contaminantes y más eficientes. Entiendo la dificultad de los tiempos, pero hay que tener claro que este plan energético no abona a generar certidumbre para la inversión. Hay un plan. Lo que no hay es inversión.
