Como una compañera de viaje, así es la extorsión para la sociedad mexicana de acuerdo con Luis de la Calle . Tan común y tan familiar que no se le reconoce como tal. Desde el franelero que se apropia de la calle y ofrece cuidar los coches a cambio de una propina hasta las extorsiones que padecen las empresas al hacer los miles de trámites que tienen que hacer para poder funcionar, la extorsión se ha convertido en una práctica común.
Que la extorsión continua implica costos para los agentes económicos ya lo sabíamos, pero la hipótesis que Luis de la Calle plantea en su nuevo libro “La economía de la extorsión. El lastre que despoja a México” (ed. Debate Penguin Random House) es que la extorsión continua y en todos los niveles es una de las razones que han frenado el crecimiento de México a lo largo de los años. El planteamiento de De la Calle se complementa con el de Santiago Levy en “Esfuerzos mal recompensados”, que sugiere que el entramado legal mexicano ha permitido y ocasionado una mala asignación de recursos, subsidiando empresas pequeñas, informales y castigando a las empresas formales, distorsionando el proceso de destrucción creativa de Shumpeter.
Las microempresas (entre cero y diez empleados) representan la mayoría de las unidades económicas, 94.9%. Las pequeñas y medianas son el 4.9% del total y las grandes (con más de 250 empleados) únicamente el 0.2%. Esto no incluye las aproximadamente dos millones de empresas que no tienen un establecimiento fijo. De la Calle evidencia un dato muy revelador de la estructura económica de México. Hay en el país más propietarios que unidades económicas.
La extorsión impide a las pequeñas empresas crecer, pero quizás no por las razones evidentes. Cuando una empresa es micro o pequeña, usualmente informal, suele enfrentarse con algún tipo de extorsión o extorsionador: el “dueño” de la calle, la “lideresa” del tianguis, o aquellos que cobran derecho de piso. Suele tratarse de un único agente, una ventanilla única de extorsión. Si el negocio quiere crecer, lo que seguramente implicaría una formalización dada la probabilidad de fiscalización, los dueños se enfrentarán con múltiples ventanillas en las que les querrán extraer recursos para otorgar permisos, licencias o verificaciones. Crecer, para estas empresas, representaría no solo el costo explícito de la formalidad —que no es menor— sino además el costo de la extorsión continua.
Al leer las hipótesis planteadas por De la Calle y Levy no sorprende el gran número de empresas micro y pequeñas que tenemos en México. Tampoco sorprende que haya más dueños que empresas y quizás sorprenda aún menos que todos los incentivos están alineados para que las empresas se queden pequeñas, fuera del radar de la fiscalización y sin la lupa de los inspectores múltiples. Esto incide negativamente en la productividad de estos negocios y de los trabajadores, quienes enfrentarán menores salarios que los que tendrían bajo un esquema donde se respetaran los derechos de propiedad.
Luis de la Calle no se queda en la descripción y análisis del problema, también plantea posibles soluciones. Ninguna es mágica ni inmediata, pero si queremos ser en algún momento un mejor país, tendremos que evitar vivir en perpetua extorsión.
