No recuerdo cuántas veces escuché elogios sobre el manejo aparentemente responsable que esta administración había tenido sobre las finanzas públicas. Se creía incluso que el gasto estaba disminuyendo por la narrativa continua sobre los recortes y al ver las cifras —evidentemente de la Secretaría de Hacienda— se evidenciaba la sorpresa al ver su incremento. Al ver el aumento en el gasto público los comentarios iban sobre lo positivo que era que no se estuviera gastando (todavía) más dado el desperdicio de recursos en obras de dudosa rentabilidad. Cuando llegó la pandemia, si bien había voces que pedían un mayor gasto público para hacerle frente acabaron creyendo el discurso de que no había espacio fiscal para atenderla.
Con la presentación del paquete económico para 2024 las cosas cambiaron y se empezó a evidenciar finalmente la irresponsabilidad fiscal. Para este año se estima gastar 9.14 billones de pesos (en 2023 se ejercieron 8.12 billones). Para pagar ese gasto, más de 1.74 billones de pesos provendrán de deuda. En las métricas habituales de finanzas públicas, se estima un déficit presupuestario de 5% del PIB —el mayor al menos desde 2000— y 5.4% al incluir CFE y Pemex.
Se acaban de presentar los precriterios generales para 2025 que nos dan una pista de lo que se espera en materia económica para 2024 y a lo largo del año que viene. Se estima un crecimiento de 3% para este año y de 2.5% para el que viene. Esos números dejan clara la desaceleración y el poco impacto estimado del nearshoring. La inflación este año cerraría en 3.8% y el 2025 en 3.3%. El tipo de cambio con el que la Secretaría de Hacienda estima terminar 2024 es 17.80 pesos por dólar y el del cierre de 2025, 18 pesos.
Pero más allá de los datos relevantes para la economía mexicana, lo que más llama la atención de los precriterios es el reconocimiento implícito de la presión fiscal que están teniendo las finanzas públicas este año. Se plantean disminuciones al gasto y reducciones a métricas específicas que dejan ver la urgencia del ajuste.
De entrada, se plantea una reducción del déficit de 5% a 2.5% del PIB para 2025. Para lograrlo —y dado el magro crecimiento del PIB que se espera— se plantea un recorte importante del gasto público que pasaría de los 9.14 billones de pesos de este año a 8.66 billones, una reducción en términos reales de 8.8%. El ajuste en el gasto tendrá que darse en el gasto programable, aquel que se destina para proporcionar bienes y servicios públicos, y sería cercano a los 580 mil millones de pesos, una reducción de más de 12%.
A pesar del recorte —una política fiscal restrictiva que podría frenar aún más el crecimiento— no todos los programas tendrían una reducción. De hecho, hay en los precriterios 71 programas considerados prioritarios, entre los que destacan la pensión para adultos mayores, las becas de educación básica y el de vacunación, que crecerían conforme a la inflación.
Más allá de la discusión sobre la factibilidad de un recorte de esa magnitud, lo que queda claro con los precriterios es la irresponsabilidad fiscal del año que está cursando, año electoral a final de cuentas, y la presión a la que se someterá al siguiente gobierno, sea el que sea. Lo que no queda claro son las áreas que verán el recorte, ¿será salud? ¿educación? ¿seguridad? El tiempo y el presupuesto mostrarán las prioridades.
