Margarita Núñez Chaim, Programa de Asuntos Migratorios
Hace 40 años América Latina atravesaba por diversas crisis político-sociales -golpes de Estado, dictaduras, conflictos armados y persecución- que obligaron a miles de personas a huir de sus países. Ante lo cual, los Estados latinoamericanos adoptaron una herramienta que posibilitó la protección de dichas personas: la Declaración de Cartagena. Con ello, ampliaron la definición de “persona refugiada” establecida tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en la Convención de Ginebra sobre los Refugiados. En este escenario, México jugó un papel fundamental impulsando, no sólo la Declaración de Cartagena en el papel, sino promoviendo una política de hospitalidad con las y los refugiados latinoamericanos de la época.
Hoy en día, de nuevo, América Latina se encuentra ante retos inmensos derivados de las múltiples crisis políticas, sociales, económicas, e incluso medioambientales, que obligan a cientos de miles de personas a huir de sus países. El año pasado se contabilizaron más de 2.5 millones de detenciones en la frontera de México con Estados Unidos, que evidencian las crecientes migraciones forzadas provenientes, principalmente, de América Latina y el Caribe.
Contrario a lo sucedido hace 40 años, las respuestas de ahora de los Estados latinoamericanos, y particularmente de México, son políticas migratorias restrictivas orientadas a la contención. Es decir, la persecución, detención y criminalización de las personas con necesidades de protección internacional; la militarización de las fronteras; la restricción del derecho a solicitar asilo o refugio; y la negación de derechos fundamentales, como la salud y el trabajo. Estas políticas repercuten de manera directa en la vida de las personas, poniéndoles en mayor riesgo y vulnerabilidad, generando así, una crisis humanitaria y de derechos humanos.
En este escenario, los Estados latinoamericanos están revisando la Declaración de Cartagena -como lo han hecho cada diez años desde su adopción- para acordar una nueva Declaración que permita dinamizar y diversificar las posibilidades de protección para quienes se ven obligadas y obligados a salir de sus hogares, atendiendo a los realidades actuales y venideras.
El nuevo gobierno federal mexicano llegará al poder durante el proceso de negociación de esta nueva Declaración para la protección de personas refugiadas en América Latina, lo que podría representar una oportunidad para un viraje en la política migratoria mexicana, en aras de fortalecer la protección y garantía de derechos de las personas que migran de manera forzada, una de las deudas más grandes que dejará la actual administración. Pues, hasta el momento, y a diferencia de lo ocurrido hace 40 años, el impulso de una política migratoria humanista en la región por parte de México se ha quedado en las palabras y el papel.
Por ejemplo, mientras se prepara la tercera consulta de los Estados de América Latina para la construcción de esta nueva Declaración -a llevarse a cabo el 19 y 20 de junio en Bogotá- las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en la capital permanecen cerradas, lo que impide a cientos de personas acceder a su derecho al refugio. Al cierre del presente sexenio, miles de personas con necesidades de protección habitan las calles de ciudades del sur, centro y norte del país, sin un techo ni condiciones mínimas para hacer la vida; miles de familias de Centro y Sudamérica buscan a sus familiares desaparecidos en México; decenas de personas viven con el duelo de haber perdido a sus familiares en las rutas migratorias de México, en tráileres, carreteras, trenes y centros de detención.
El proceso de revisión Cartagena+40 representa una oportunidad para el próximo gobierno federal para construir rutas reales y efectivas que garanticen una protección integral para migraciones dignas. Lo que debería incluir, fortalecer a la Comar vía presupuesto, infraestructura y capacidades, pues somos ya el tercer país con más solicitudes de refugio a nivel mundial. Además de impulsar una política hospitalaria que permita a las personas migrantes ejercer sus derechos en México.
La respuesta del nuevo gobierno hacia quienes migran debe ser regional, coordinada y desde la voluntad política compartida con los Estados de América Latina si se quieren subsanar las brechas existentes entre lo formal y lo real, y, como sucedió hace 40 años, si se quiere poner el ejemplo con acciones, más allá de las palabras. El proceso de Cartagena+40 abre una ventana de oportunidad para ello, habrá que ver si el nuevo gobierno está a la altura de las circunstancias que demanda esta realidad latinoamericana.
