Por Margarita Núñez Chaim
A raíz de la implementación en Estados Unidos de la aplicación CBP One para que las personas que buscan asilo en aquel país soliciten, vía esta App, una cita para presentarse en un puerto de entrada en la frontera, en 2023 la Ciudad de México se consolidó como una nueva divisoria para las personas migrantes que llegan a nuestro país. Esto porque es un requisito para solicitar dicha cita estar físicamente arriba del Paralelo 19 norte, aquel que pasa justo por debajo de la Ciudad de México.
Pero que la capital mexicana se consolide como frontera no se debe únicamente a las políticas implementadas por Estados Unidos. Este año, hemos visto al gobierno de la Ciudad de México colaborar con el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), para detener y trasladar fuera de la Ciudad a personas migrantes y con necesidades de protección internacional, en particular hacia estados del sur del país.
Además, hemos visto a las autoridades capitalinas ser omisas y negligentes con las personas migrantes al no generar una política adecuada de acogida y hospitalidad, lo que tiene a los siete albergues de la sociedad civil y de la Iglesia que reciben personas migrantes en la Capital, totalmente desbordados y permanentemente sobresaturados; y a miles de personas migrantes en situación de calle. Estas acciones, omisiones y negligencias representan un retroceso en una Ciudad considerada a sí misma como “santuario” y en la que las personas migrantes, según la legislación local, son “huéspedes.”
A pesar de que la capital de nuestro país se anuncia como una “ciudad de derechos” y cuenta con una legislación garante de los derechos de personas migrantes, que establece obligaciones claras para las autoridades capitalinas frente a esta población, lo que vemos día a día en las calles de la Ciudad son violaciones sistemáticas a sus derechos. Tanto, que las personas afirman que transitar por México es peor que atravesar la selva del Darién entre Colombia y Panamá.
En las últimas semanas hemos visto diversos operativos del INM en los que han detenido y obligado a familias, hombres, mujeres, niñas y niños migrantes, incluso con bebés, a subir a autobuses para ser trasladados a la Estación Migratoria de Iztapalapa, desde donde serán trasladados a estados del sur del país.
En los operativos vimos a los agentes del INM destruir documentos y pertenencias de las personas, incluso utilizaron navajas para destruir lo único que las resguardaba de la intemperie: plásticos y casas de campaña. Las autoridades, orgullosas, dijeron haber “rescatado” a las personas y haber recogido varias toneladas de “basura.” En la realidad, esto implica obstaculizar el tránsito de las personas hacia Estados Unidos, destruir sus únicas pertenencias y exponerles a mayores riesgos y situaciones de violencia. Esto, es lo que significa habernos convertido en Ciudad frontera.
Ante el incumplimiento de las obligaciones de las autoridades capitalinas, también hemos visto en las últimas semanas manifestaciones de vecinas y vecinos de colonias aledañas a los albergues de la sociedad civil y de la Iglesia, para exigir el traslado de las personas migrantes a lugares adecuados. Las y los vecinos de los albergues han abierto las puertas de sus casas para recibirles, para permitirles acceso a baños, a electricidad, mostrando una vez más, como sucede en situaciones de crisis y emergencia en este país, que la sociedad mexicana está a la altura de las circunstancias, incluso a pesar de sus autoridades.
Las migraciones que se viven en México y el mundo, no van a parar. Por el contrario, éstas continuarán incrementando, acelerándose y ampliándose en los próximos años. Frente a esto tenemos dos caminos: el de seguir proliferando y fortaleciendo las fronteras con crecientes costos humanos, o el de promover una hospitalidad que alumbre nuevos horizontes para todas las personas que habitamos este país, sin importar de dónde provengamos.
Programa de Asuntos Migratorios, UIA
