Los siniestros de tránsito, mal llamados accidentes viales, representan un porcentaje importante de denuncia ante ministerios públicos y fiscalías, no solo en México sino en todo el mundo. Situación que es totalmente comprensible, toda vez que alrededor de 1.3 millones de personas pierden la vida cada año a causa de estos hechos. De acuerdo con el asesor regional de Derecho Sanitario de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México, Ignacio Ibarra, estos siniestros representan el 12 por ciento del total de decesos en todo el mundo,
En México, de acuerdo con la Alianza Nacional por la Seguridad Vial, se estima que en el año 2023 perdieron la vida 43 personas diariamente a causa de la siniestralidad vial, lo que es igual a una defunción cada 30 minutos. Ante esta emergencia de carácter global, se dieron cita en la Ciudad de México más de 60 organizaciones no gubernamentales provenientes de 20 países en la Primera Reunión Regional para América Latina de ONGs por la Seguridad Vial, para discutir los temas más urgentes que enfrentan las ciudades en materia de siniestralidad vial, pues reconocen que estos hechos continúan representando una emergencia de salud pública en todo el mundo.
En este contexto, la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Víctimas contra la violencia vial (FICVI), asociación civil sin fines de lucro de corte internacional, compartió la experiencia que ha desarrollado en los últimos años en materia de atención integral a víctimas de siniestros de tránsito, a través de dos informes muy valiosos: la Guía Iberoamericana de Atención Integral a Víctimas de Siniestros de Tránsito, y el Protocolo de Actuación de las Unidades de Atención a Víctimas Viales. Lo anterior, en el marco de las Fiscalías Especializadas en Delitos contra la Seguridad Vial, creadas recientemente a lo largo del continente para otorgar una respuesta efectiva a los ilícitos penales contra la seguridad vial, lo que debiera resultar de alto interés para todas las fiscalías en nuestro país, toda vez que un porcentaje importante de siniestros viales terminan siendo atendidos en nuestras unidades de procuración de justicia y también en nuestras unidades especializadas de atención a víctimas, aun cuando las víctimas de este tipo de siniestros requieren de una atención psicosocial y acompañamiento jurídico especializado, pues un siniestro vial, en principio puede ser considerado como un acto no intencional pero que exige justicia pronta.
El marco normativo y jurídico nacional e internacional, reconoce la importancia de ofrecer atención a las víctimas viales, desde La Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas, en donde a través de sus artículos 4.1 (derecho a la información), Artículo 7 (derecho a la asistencia y acceso a los servicios de apoyo a víctimas), y Artículo 10 (derecho a la asociación), llama a ofrecer todas las facilidades a las víctimas viales para el ejercicio y tutela de sus derechos, procurando evitar trámites innecesarios que supongan una segunda victimización, así como proporcionar una información y orientación eficaz de los derechos y servicios que le corresponden y la derivación por la autoridad competente. Adicionalmente, para México se reconoce desde el año 2019 el derecho a la movilidad segura, a través de una modificación al Artículo 4º Constitucional, y se refrenda a través de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, publicada y vigente desde el año 2022, para su aplicación en todo el territorio nacional, incluyendo por supuesto a la Ciudad de México.
Dicho lo anterior y en ánimo de solidarizarnos con este segmento de la población que debe de enfrentar un proceso judicial que le permita como víctima, acceder al pleno ejercicio de sus derechos, consideramos muy importante conocer y profundizar sobre los protocolos de actuación que se han desarrollado en diferentes países de Latinoamérica, para ofrecer atención a las víctimas de los siniestros de tránsito, de modo que desde nuestras dependencias podamos contar con el personal capacitado, para sumarse a la cadena de atención que la víctima requiere, en alineación con policías, primeros respondientes, personal de los servicios hospitalarios y prehospitalarios, así como con actores del sector privado, como agentes de seguro e inclusos servicios funerarios, ya que como se ha mencionado en este encuentro regional, los hechos de tránsito solo pueden ser atendidos de manera integral, a través de la colaboración intersectorial.
Desde la Fiscalía General de la Ciudad de México, compartimos la preocupación de las ONGs por la atención a las víctimas viales, y por ello nos solidarizamos con amigos y familiares de las víctimas, pues consideramos que mientras los hechos viales continúen causando defunciones y lesiones graves, las autoridades debemos ofrecer la atención social, el apoyo psicosocial y la asistencia jurídica a todas las víctimas viales, pero especialmente a las familias más desfavorecidas.
Encargado del despacho de la FGJ-CDMX
