En un momento histórico como el que nos toca vivir, en el que la justicia debe seguir siendo un pilar fundamental para la convivencia social, entender el funcionamiento del Sistema Penal Acusatorio se vuelve esencial, sobre todo para las personas que atraviesan por la desgracia de ser víctimas de un delito (sin importar la gravedad de éste) y merecen el acceso a la justicia, preservando en todo momento sus derechos.
El modelo de justicia penal ha cambiado a lo largo del tiempo, y con él la manera en que se llevan a cabo los procesos penales, alejándose del antiguo sistema que prevaleció en México y el mundo durante todo el siglo pasado. El sistema que tenemos hoy en día, se caracteriza por ser adversarial, ya que ahora el juez actúa como un árbitro aún más imparcial entre la defensa y la Fiscalía. Un cambio estructural que busca garantizar procesos más justos, asegurando que todas las partes involucradas tengan la oportunidad de presentar sus pruebas y argumentos de manera pública y oral. Su implementación inició con la reforma constitucional del año 2008, se estableció un plazo de ocho años para su adopción completa en todo el país y desde entonces, se ha buscado mejorarlo para aumentar la transparencia y la confianza en la justicia.
En el sistema de justicia anterior, la denuncia presentada por la víctima o sus familiares daba inicio a una investigación donde el juez no solamente se concentraba en dictar sentencia, sino también tenía facultades para ordenar diligencias e incluso formular la acusación. El proceso era predominantemente escrito y secreto, lo que limitaba la transparencia y aumentaba el riesgo de corrupción. La defensa tenía menos oportunidades de contradecir las pruebas presentadas, y el imputado podía enfrentar una detención prolongada sin audiencia pública. En contraste, bajo el Sistema Penal Acusatorio, después de la denuncia, el Ministerio Público junto con la Policía de Investigación (PDI), comienza a recolectar pruebas y realizar entrevistas. Este proceso ahora se realiza de manera más abierta y con la participación activa de todas las partes involucradas. Una vez que se ha recabado la evidencia suficiente, el caso se presenta ante un juez de control, quien decide si hay suficientes elementos para vincular a proceso al imputado. Durante esta etapa, tanto la defensa como la parte acusadora tienen el derecho de presentar sus argumentos y pruebas en audiencias públicas, siguiendo el principio de contradicción; en todas estas etapas, la principal diferencia radica en la transparencia y la equidad del proceso. Con ello se garantiza que las decisiones sean tomadas de manera abierta y visible para la sociedad, promoviendo así la confianza en el sistema judicial. Finalmente, la separación de roles entre la persona juzgadora, el Ministerio Público y la defensa, asegura que cada parte desempeñe su función sin interferencias, lo que contribuye a un juicio más justo y equitativo. El principio de oralidad del proceso también ha facilitado una comprensión más clara de los argumentos y pruebas, tanto para el juez como para los observadores, lo que era una limitación significativa en el sistema de justicia previo.
La implementación del Sistema Penal Acusatorio ha representado desafíos para todos los responsables de la procuración de la justicia, especialmente en términos de infraestructura, capacitación continua de los operadores del sistema y por supuesto la adaptación de las personas a este nuevo modelo de justicia, por lo que se vuelve muy importante que toda la ciudadanía conozca y comprenda cómo funciona este sistema y que este cambio de modelo no solo mejorará la eficiencia y rapidez en la resolución de casos, sino también elimina muchos espacios para la corrupción que el modelo anterior dejaba. La transparencia y la equidad de este nuevo sistema requieren un esfuerzo conjunto, tanto de todas las autoridades involucradas, como de la sociedad para asegurar que cada proceso penal sea llevado a cabo de manera justa y efectiva.
Con el conocimiento y la comprensión adecuada de este nuevo Sistema Penal Acusatorio se incrementa la confianza en las autoridades de procuración de justicia, nos encaminamos hacia un modelo más abierto y respetuoso de sus derechos y avanzamos en la construcción de la paz.
Vivimos un nuevo paradigma de justicia y requiere tanto de que el ciudadano conozca sus principios como lo que constituye a un delito para que éste pueda ser partícipe y vigilante pleno del proceso judicial. En suma necesitamos hacer de la justicia una tarea pedagógica y en eso nos vamos a sumar.
Si conoces o has sido víctima de un delito, te invitamos a acercarte a nuestros espacios de atención para obtener la orientación y el apoyo que necesitas. En la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México estamos comprometidos con el sistema penal acusatorio para garantizar tu acceso a la justicia.
Encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX
