A unos días del 16 de septiembre, fecha en que conmemoramos el inicio de la lucha por la independencia de México, nos encontramos ante otro momento trascendental: la reforma al Poder Judicial. Esta coincidencia nos invita a reflexionar sobre el profundo significado de ambos acontecimientos y su impacto histórico en la construcción de un mejor país para todas y todos.
Hace más de dos siglos, Miguel Hidalgo lanzó el Grito de Dolores, marcando el inicio de una larga lucha por la libertad y la justicia. Hoy, la reforma judicial representa un nuevo hito en estos llamados a la independencia, en este caso a la independencia de nuestro sistema judicial, que desde hace años ha sido perjudicado por actos de nepotismo, corrupción, opacidad y otros males internos, detectados sistemáticamente por organismos como el propio Consejo de la Judicatura a través de dictámenes con datos y estadísticas que dan evidencia de ello.
Y así como nuestros héroes nacionales buscaron establecer un nuevo orden social y político mediante un llamado a la independencia, la actual reforma judicial aspira a instaurar un nuevo paradigma en la impartición de justicia, con las resistencias de quienes naturalmente ven en peligro intereses particulares. Por ejemplo, la reducción del número de ministros de la Suprema Corte, la implementación de métodos democráticos para la elección de jueces y magistrados, y el énfasis en la transparencia y la eficiencia, son medidas que resuenan con los ideales de igualdad y justicia por los que lucharon nuestros antepasados.
Temores sin fundamento difundidos a través de la vorágine informativa, propia de nuestros tiempos, han generado dudas e incertidumbres; como el riesgo (infundado) de atentar contra el Estado de Derecho, cuando la reforma promueve todo lo contrario.
¿Elección o selección? La elección de jueces a través del voto popular, sin duda representa un combate frontal a la corrupción, pero hay que puntualizar: se trata de un nuevo mecanismo que no solo incluye la elección por voto popular, sino la aplicación de un procedimiento claramente definido en el que se involucra un comité de evaluación y se obtiene la aprobación del Senado, todo esto antes de un proceso de votación abierto. Esta nueva medida atiende una serie de problemáticas causadas por una falta de independencia judicial que hoy en día aún se padece, ocasionando que algunos ministros, haciendo uso de sus facultades y poderes favorezcan a ciertos grupos económicos y de poder para otorgar suspensiones generales, yendo incluso en contra la propia Constitución o invalidando la aplicación de leyes generales a actores particulares, bajo argumentos técnicos cuestionables.
Además, es importante destacar que con esta reforma se creará un nuevo tribunal denominado Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), encargado de la vigilancia y la actuación de los jueces, mismo que tendrá funciones punitivas pero también preventivas para evitar excesos y asegurar la emisión de sentencias justas; pues al día de hoy las funciones de administración y de monitoreo disciplinario están concentradas en un solo organismo; es decir, quien vigila al juzgador es él mismo.
Además, mecanismos de justicia innovadores como los jueces sin rostro, otorgarán la protección debida a los juzgadores de la delincuencia organizada, tal y como hacen desde ya hace varios años países como Colombia e Italia, con resultados que han blindado procesos judiciales muy importantes para devolver a la ciudadanía certeza y confianza en estos juicios.
La transición ha comenzado, vamos a recibirla con atención. A partir de esta reforma, nos corresponde a las Fiscalías revisar con detalle sus efectos, poniendo énfasis en la adaptación de procedimientos y, de ser necesaria, la restructuración de nuestras operaciones; así como comenzar a diseñar programas de capacitación para aplicar correctamente las nuevas disposiciones derivadas de esta reforma. Otro reto será la implementación de sistemas y tecnologías acordes a esta nueva etapa, para mejorar la capacidad de investigación y persecución de los delitos.
La Reforma al Poder Judicial representa un cambio de paradigma en la manera en que concebimos y aplicamos la justicia en México, y su objetivo es claro: convertir el proceso de justicia más eficiente, transparente, cercano a la gente y profesional. Por ello, invito a todos los actores del sistema judicial, a la sociedad civil y a la ciudadanía en general a sumarse en este esfuerzo. Desde La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la ética y el profesionalismo en cada uno de nuestros procesos de atención a las víctimas, para cumplir con nuestro fin último que es la procuración de justicia.
Encargado del despacho de la FGJ-CDMX