El pasado viernes 8 de marzo se conmemoró el Día Internacional de La Mujer, y como ya es costumbre en nuestro país, y sobre todo en nuestra ciudad, tuvimos diversas manifestaciones visibilizando su lucha por la igualdad y el derecho a vivir una vida libre de violencia.

Las mujeres han sido partícipes en todos los procesos históricos que configuran nuestro presente. No podemos pensar en una Revolución Francesa sin ellas, donde, sin embargo, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no estaban incluidas. Tuvo que ser Olympe de Gouges quien la reescribiera como la “Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana” como protesta a dicha exclusión, y terminó siendo decapitada. Hablar de nuestra Independencia o la Revolución Mexicana, no sería posible sin la actuación de las mujeres.

Podemos hacer un recorrido por diferentes luchas como aquella por la obtención del derecho al voto y ser votadas, por la libertad sexual y ahora más reciente, por el acceso a una vida libre de violencia y la justicia.

Vale la pena recordar que el origen de esta conmemoración fue una manifestación de trabajadoras textiles en Nueva York, que exigían igualdad de condiciones en comparación con los hombres, que terminó en un incendio. Por ello el 8 de marzo no se felicita. No se trata de romantizar una lucha que ha costado vidas.

Por el contrario, es una oportunidad para reflexionar sobre los logros de este caminar y preguntarnos qué más podemos hacer para garantizar una vida libre de desigualdades, donde las condiciones estén puestas para el pleno desarrollo de las mujeres.

Los avances han sido significativos, pero no podemos asumir que han sido obra de la buena voluntad de las instituciones sin reconocer que han sido producto de una lucha constante en colectivo. Debemos asumir el gran papel que han jugado y siguen jugando las mujeres organizadas que han coadyuvado con las instituciones para construir un marco legal más igualitario, más justo.

Por ello, la lucha feminista debe verse como un coadyuvante para la consolidación de nuestro Estado de Derecho. No podemos pensar en el reconocimiento del tipo delictivo del feminicidio, la creación de la Ley Olimpia, la Ley Ingrid o la Ley Ácida, sin este movimiento tan persistente, que al final del día nos ayuda a perfeccionar el marco legal y con ello, reconfigurar la composición social en aras de alcanzar la paz.

En ese tenor, quienes formamos parte de las estructuras del Estado debemos ser conscientes de las tareas pendientes. Insistir en la necesidad de seguirnos capacitando, implementar un lenguaje no sexista en las instituciones y fortalecer la perspectiva de género.

Para lograr todos los retos que nos proponemos, debemos mantener una coordinación institucional, seguir con la implementación de programas y talleres que han cambiado la perspectiva de nuestros servidores públicos al momento de investigar, eliminando prácticas que obstaculizaban el acceso a la justicia de las mujeres y niñas.

Para cumplir todo lo anterior debemos trabajar en equipo, no solamente con instituciones gubernamentales, sino también con la sociedad civil y colectivos de mujeres. Tener una visión interseccional es sumamente importante para evaluar problemáticas y buscar soluciones desde todos los ángulos y aristas.

El compromiso es con todas las mujeres y niñas de la Ciudad de México y con las futuras generaciones.

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