Hoy por hoy, los mejores sistemas democráticos del mundo basan el ejercicio de la procuración de justicia en dos poderosas herramientas ciudadanas: la transparencia y la rendición de cuentas. En este contexto, la participación ciudadana, surge como el elemento poderoso para combatir lastres como la corrupción.
Comprendida como el abuso del poder para beneficio propio, la corrupción es un fenómeno que debilita la confianza en la justicia, incentivando y perpetuando violaciones de derechos humanos, sobre todo para las personas más vulnerables como son las mujeres, los niños, los indígenas y las personas en situación de pobreza.
En este sentido, la falta de consecuencias para los responsables y la ausencia de transparencia en los procesos judiciales, facilitan la repetición de estas violaciones, convirtiendo a la impunidad en un enemigo silencioso de los derechos humanos. Frente a ello, elementos como la supervisión, la rendición de cuentas y la participación ciudadana se presentan como antídotos necesarios para esta problemática. La supervisión ciudadana, entendida como la vigilancia activa y constante de las acciones de las instituciones públicas; y la exigencia de rendición de cuentas, actúan como mecanismos que obligan a las instituciones a operar bajo estándares de legalidad y transparencia.
En los procesos de justicia, la participación ciudadana la palpamos cuando se presentan denuncias ante los órganos de control interno o se colabora en comités de vigilancia ciudadana. Esto fortalece el tejido democrático, asegurando que la justicia no sea solo un concepto abstracto, sino una realidad al alcance de todos.
Desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en compromiso con democratizar la justicia en colaboración con la ciudadanía, hemos implementado diversos mecanismos de rendición de cuentas y combate a la corrupción. Entre estos mecanismos, destaca la labor de nuestros órganos internos de control. Entidades facultadas para recibir y procesar denuncias de la ciudadanía, así como para realizar auditorías internas periódicas para detectar y corregir posibles desviaciones en el ejercicio de las funciones ministeriales. Además, también ofrecemos herramientas accesibles como nuestras plataformas de denuncia anónima, para reportar irregularidades y canales de comunicación directa con las autoridades asignadas para esta importante labor de vigilancia.
A través de nuestro plan de Política Criminal y Persecución Penal 2024, también hemos orientado nuestros esfuerzos por hacer de la ciudadanía un actor clave, para promover la prevención del delito y la corresponsabilidad en la construcción de una justicia más equitativa.
El compromiso de la Fiscalía General de Justicia, también se manifiesta a través de la adopción de buenas prácticas enfocadas en el trato digno y la atención prioritaria a grupos vulnerables, de manera transversal, a través de la formación de nuestro personal sustantivo y de primer contacto con la ciudadanía; mientras que la perspectiva de género ha sido un componente esencial cada vez más presente en nuestros servicios y programas, asegurando que las mujeres y otros grupos históricamente discriminados reciban una atención adecuada y respetuosa en todos los procesos judiciales. Entre estas buenas prácticas, también vale la pena destacar la capacitación continua del personal ministerial en temas de derechos humanos y perspectiva de género, la implementación de protocolos específicos para la atención de víctimas y la creación de unidades especializadas en delitos de alto impacto social, como los relacionados con la violencia de género.
Es fundamental señalar que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Cualquier acto de corrupción, abuso de poder o violación de derechos será investigado y sancionado con todo el rigor que la ley permite. En nuestra Fiscalía, el trato digno y la justicia son derechos garantizados para todos, sin excepción. La confianza de la ciudadanía es nuestra mayor fortaleza, y solo a través de la transparencia, la imparcialidad y el firme respeto a los derechos humanos ayudaremos a construir una sociedad verdaderamente justa. Es momento de que todas y todos, desde la ciudadanía hasta los servidores públicos, comprendamos que la justicia no es privilegio de unos pocos, sino un derecho que indiscutiblemente debe de estar al alcance de todos.
Encargado de despacho de la FGJ-CDMX
