Una vez más Myanmar y su principal figura internacional, la lideresa Aung San Su Kyi, son escenario y protagonista del drama que vive la frágil democracia en el mundo. Afortunadamente, las fuerzas de la globalización, que nos permiten tener accesos múltiples a informaciones e imágenes inmediatas, se han convertido en herramientas para visibilizar la denuncia a la opresión, y se convierten, paradójicamente, en aliadas de quienes son víctimas de represión, genocidio y violaciones a los derechos humanos.
El 1 de febrero el ejército birmano orquestó un nuevo golpe de Estado al anunciar el estado de emergencia contra el gobierno electo legítimamente, deteniendo al presidente Win Myint y a la líderesa y consejera de estado Aung San Suu Kyi, entre otros líderes civiles de la gobernante Liga Nacional para la Democracia (LND). El argumento para ordenar este vil acto fue la supuesta serie de irregularidades en las elecciones legislativas de noviembre pasado, aunque todo parece indicar que las fuerzas armadas, que antes de este golpe de estado ya dominaban el 25 por ciento de la asamblea nacional y las estratégicas carteras de interior, fronteras y defensa, decidieron frenar el proceso de transición hacia la democracia civil ante la victoria arrasadora, por segunda vez, de la LND. Para cuajar el conjuro, el comandante en jefe de los Servicios de Defensa, Min Aung Hlang, asumió el control de facto del gobierno como jefe del Consejo de Administración de Estado y anunció la convocatoria a nuevas elecciones para el próximo año.
Los militares birmanos, en control efectivo y directo del gobierno y del destino de Myanmar desde 1962 a 2011, anunciaron el 12 de febrero una amnistía para más de 23 mil prisioneros, pero ha emprendido una represión no vista en ese país desde 2009 en los estados Shan de minorías étnicas. Según Michele Bachelette, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, más de 200 personas han muerto en los enfrentamientos y todavía permanecen en detención arbitraria más de 2400 personas. Mientras tanto, Aung San Su Kyi ha sido acusada de cuatro cargos: violar la ley de importaciones y exportaciones, la ley contra desastres naturales, la ley (de la era colonial) que prohíbe diseminar información que pueda causar “temor o alarma” entre la población, y la ley de telecomunicaciones mediante la cual se requiere permiso para adquirir radios de comunicación. Y por si esto no fuera poco para los militares, se le han imputado a ella y a otros miembros de la LND cargos de corrupción y de aceptar oro y sobornos por un total de 600 mil libras esterlinas. Solo faltó que le colocaran narcóticos en sus oficinas.
La comunidad internacional, tanto aliados y detractores del régimen birmano, han levantado la voz contra esta represión. Aparte de las sanciones impuestas y que se están gestando desde Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, ahora China, tradicionalmente afín al gobierno birmano, ha levantado la voz. En respuesta a los ataques a diversas fábricas financiadas con capital chino y a lesiones infligidas a nacionales chinos, Beijing ha exigido que las autoridades birmanas tomen más medidas para controlar la violencia. Mientras tanto, en el sudeste de Asia, donde desde 1967 un total ahora de 10 naciones pertenecientes a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) buscan avanzar en un regionalismo y cooperación, este golpe al sistema político birmano ha demostrado nuevamente la incapacidad de avanzar conjuntamente a favor de un real avance en la naciente democracia de algunas naciones que transitan de economías planificadas o de regímenes militares. Si bien los cancilleres de Indonesia y Tailandia desde finales de febrero han realizado moderados esfuerzos por mediar la crisis con el gobierno militar birmano, al parecer el principal interés es garantizar la seguridad y estabilidad de sus fronteras y el bienestar de los trabajadores migrantes birmanos en esas naciones. Pareciera que exigir la vuelta a la democracia es un tema bastante sensible para las naciones de ANSEA, cuya diplomacia está caracterizada por las negociaciones discretas intramuros y a consenso necesario.
La indiferencia ante la brutalidad de un régimen militar, por muy lejos que parezca estar, será siempre reprobable. Del otro lado del océano Pacífico, México debe alzar la voz con mayor fuerza. Es cierto que el gobierno mexicano ha asumido una posición de condena mediante el comunicado 55 de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el que apoya, por un lado, la denuncia expresada del secretario general de la ONU, António Guterres, y en el que compromete a nuestro país, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, a tomar acciones multilaterales y regionales para alcanzar la solución del conflicto. Y hasta ahí la información. Este comunicado de la cancillería, emitido prontamente tras las noticias del golpe en Myanmar, ha sido consistente con las tímidas medidas, sin embargo, que ha tomado la ONU. El Consejo de Seguridad, mediante el comunicado de prensa SC/14430 del 4 de febrero y la declaración S/PRST/2021/5 del presidente en turno del consejo del 10 de marzo, ha condenado las acciones de los militares, pero desafortunadamente se ha quedado muy corto en denunciar la acción como golpe de estado, calificándolo con el eufemismo de “estado de emergencia”. Si bien el consejo tiene a dos países, China y Rusia, que en el ajedrez geopolítico pueden torpedear cualquier sanción considerada pro-“Occidente” o pro-estadounidense sobre sanciones a Myanmar, México debe ser líder en ese organismo para encabezar proyectos diplomáticos para encausar nuevamente al gobierno civil birmano al poder y a comprometer a los militares eventualmente a un regreso anticipado a la normalidad.
Nuestro gobierno sabe que la alta responsabilidad de ser miembro no permanente del Consejo de Seguridad puede coadyuvar evitar crisis mayores, por lo que medidas anticipadas en este foro y en otros es cuestión de vida para la población birmana. En Myanmar existe en estos momentos un gobierno civil paralelo encabezado por el vicepresidente Mahn Win Khaing Than, designado a principios de marzo por los legisladores depuestos y aglutinados en el llamado Comité para la Representación Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). Este movimiento de resistencia tiene el objetivo nada menos que de formar una democracia federal y ha hecho un llamado a las armas, esto es, a la guerra civil. La junta militar, que ya ha proscrito el CRPH, ha advertido que las personas relacionadas podrían ser acusadas de traición a la patria y sujetas a la pena de muerte. Para la comunidad internacional, incluyendo la diplomacia mexicana en el Consejo de Seguridad, dejar que la crisis en Myanmar escale será una tácita anuencia a un inminente genocidio.
Y sí, es necesario llamar a las cosas por su nombre. Si bien la posición del gobierno de México es la de decantarse a favor de una solución pacífica de este conflicto con apego al derecho internacional y a los derechos humanos, y bajo estos objetivos la embajada de México en Singapur continúa haciendo un seguimiento de los eventos, hay todavía mucho margen de acción para la diplomacia de nuestro país, y la cancillería debe condenar el golpe de estado, con esas palabras, dentro y fuera del Consejo de Seguridad. México debe apoyar totalmente las gestiones de la enviada especial del Secretario General para Myanmar, Christine Schraner Burgener, para encontrar una solución a la crisis y la liberación de Suu Kyi, incluyendo una visita al país a la brevedad posible. Asimismo, aparte de hacer un mero seguimiento desde nuestra legación en Singapur, nuestro gobierno debe gestionar una mayor visibilidad de la condena a la junta militar birmana mediante acciones concertadas no solo en el Consejo de Seguridad, sino a través de declaraciones de organismos regionales con participación mexicana, como la Alianza del Pacífico, el mecanismo MIKTA, APEC y el G20. La pandemia del Covid-19 en México y en el mundo no debe opacar la terrible tragedia que el pueblo birmano sufre ante un régimen militar antidemocrático incapaz de ver que a largo plazo el futuro de ese país y de sus fuerzas democráticas terminarán venciendo. El gobierno de nuestro país, que ha desplegado la bandera del cambio social a favor de la democracia, la justicia y contra la impunidad, debe proyectar esos mismos valores de forma más intensa en la comunidad internacional.
Coordinador del Programa de Estudios Asia Pacífico del ITAM
Twitter: @ulisesgranados
