El tema ambiental se puede dividir entre la agenda verde, azul y gris. Esta última es primordialmente la de la producción industrial y el espacio urbano. Para atender adecuadamente el impacto en el medio ambiente se debe conocer cómo funciona la industria: su localización, planeación, procesos, insumos y residuos.
La regulación ambiental comenzó a fortalecerse al mismo tiempo que empezó la apertura y cambio en la forma de acumulación en México (1988-1994). La dedicación de buenos servidores públicos en el sector ambiental no ha podido estar a la par de los cambios económicos. No es un asunto voluntarista o individual, sino relativo a la fuerza de los actores.
Desde el inicio se carecen de recursos suficientes y se han limitado aún más. Pero más importante, el poder político ha optado en la mayoría de los casos por apoyar proyectos por encima de los b.
La falta de atención a la agenda gris no es un asunto de corrupción (aunque exista). Y por supuesto hay quien tiene poca predilección por esta y voltea la mayor parte del tiempo hacia otro lado. Se precisa de conocimiento, acompañamiento, pero por sobre todo, de decisión del regulador y respaldo político.
Estratégicamente ha faltado una posición clara, con detalle y explícita en las grandes líneas. En el Plan Nacional de Desarrollo no se menciona el tema ambiental. Más allá de estas carencias en la SEMARNAT pudimos participar con gente profesional y dedicada.
Algunos temas podemos resaltar: que en medio de la pandemia no se aumentó el rezago significativamente en la atención a los trámites y solicitudes, y se disminuyó en otros el que existía. Por ejemplo, en el área de la Zona Federal Marítimo Terrestre (donde el rezago máximo no ocurrió con Peña, sino unos años antes de la llegada de María Luisa Albores). Allí están, por ejemplo, el comienzo de la remediación de Tekchem en Salamanca, que se identificaba como el sitio probablemente más contaminado del país. La concreción del arduo trabajo de la DGGIMAR para una primera publicación del inventario de sitios contaminados y remediados. La construcción del inventario homologado de presas de jales, con Conagua y Economía, que permitió enlistar de unas 20 presas a más de 500 posibles, con un instrumento que debe corregirse y alimentarse continuamente para emplearse en la regulación.
Pero entre estos y otros temas resalto dos por el momento.
Primero, playas en 17 estados plantean un problema de regulación a una institución que sólo cuenta con un perito. La restricción obligó a conseguir recursos dentro del sector para compensar la precariedad y adquirir un dron (con las características adecuadas) y una estación robótica. Se tenía que atender el día a día, pero los recursos extras se emplearon a fondo, focalizando el esfuerzo en el estado que presenta mayores riesgos (Quintana Roo) y en el municipio más desordenado (Tulum). Se hizo un levantamiento de 96 kilómetros (la playa no es recta), se encontraron 250 predios con irregularidades, 50 prioritarios y se prepararon expedientes para presentar a la procuraduría ambiental.
No estamos solos en este mundo. Senadores y diputados federales asisten regularmente a las oficinas de los reguladores ambientales, aunque no sea el estado por el cual fueron electos, a atender o representar de forma cotidiana problemas sobre Quintana Roo. Así, junto a la parte técnica se debía blindar la evaluación contra las presiones.
Segundo. Se actualizó la NOM-001 después de un cuarto de siglo, norma que regula la descarga de aguas residuales en los cuerpos de agua nacionales. Esfuerzo histórico que abarca varios periodos e instituciones, principalmente de la Conagua, Profepa y Semarnat, y que se debía concretar para modificar los límites de parámetros para determinar su calidad y las condiciones para su inspección. Este logro normativo permite controlar en mejores condiciones las descargas y a él se agregaron unos lineamientos para conducir el proceso de implementación. Este esfuerzo ocurrió con presiones de empresas públicas y privadas, con el apoyo de las ONG´s y la academia. Por eso es de resaltar que en este proceso de discusión la Secretaría de Energía y el IMP votaran por actualizar la norma.
Pero también otros esfuerzos fracasaron. Por ejemplo, no se pudo avanzar en la concreción de los corredores en los cuales se garantice la presencia continua del DUBA (diésel ultra bajo en azufre), menos contaminante que el diésel común y aún menos que el de contrabando. Siendo este un tema energético que corresponde a otro sector es importante ambientalmente.
Temas complejos generan divergencias y desgastan los equipos de trabajo. Evidentemente cuando uno se va es porque las diferencias ya no permiten trabajar juntos. Esto es normal y ocurre cotidianamente. En los temas de ejemplo, en lo cuales se tuvo éxito tanto como en los cuales se fracasó, se tuvo hasta ese momento el respaldo de María Luisa Albores.
En este sentido, el gran tema no es sólo que hacer con la Semarnat, sino que no hacer. No rebajar la estatura del regulador frente a otros actores.
Nunca estará completa una política ambiental que no incluya el presupuesto y la planeación necesario en Pemex y la CFE para atender los temas ambientales. Esa es una decisión política antes que técnica. Lo mismo que vale hacia adentro da fuerza para ejercer la regulación hacia afuera.
