En 1967, Arvid Pardo, embajador de Malta ante las Naciones Unidas, propuso a la Asamblea General los objetivos a seguir en la regulación de los fondos marinos fuera de la jurisdicción nacional. Aprobados en 1970, los dos principios propuestos fueron: 1) que se destinen al uso pacífico, y 2) que se consideren patrimonio común de la humanidad. Sobre esta base, en 1982 se estableció la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en vigor desde 1994. A esto debería obedecer la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos.
Para fijar los límites de la jurisdicción nacional se define el Mar Territorial como aquel que llega a 12 millas náuticas de la costa, mientras la Zona Económica Exclusiva se extiende a 200. En la primera el país controla el tránsito en la superficie y los recursos por debajo, mientras en la zona decide sólo por debajo de la superficie. Fuera de estos límites los océanos son profundos y en ellos se encuentra una gran riqueza de minerales que desde finales del siglo pasado compañías privadas buscan explotar.
Para Arvid, al ser patrimonio común, los fondos no podían ser explotados sin más por los países industrializados y sus empresas, y las ganancias de una posible actividad minera deberían redistribuirse con los países costeros más pobres. Independientemente de si la decisión es correcta, la autoridad internacional no ha llegado a este punto de la discusión ni a su instrumentación, pero sí han otorgado concesiones para la exploración minera y el próximo año deberá decidir sobre la petición de la pequeña isla del Pacífico de Naurú para una concesión para la explotación.
Esta situación no es nueva para el mundo ni para la isla. Naurú fue colonizada por alemanes que explotaron sus yacimientos de fosfato. La perdieron durante la primera guerra mundial y eventualmente se apoderó de ella Australia. Esta explotó los yacimientos y al agotarse dejó sin remediar el terreno. Hoy, sin resarcir el daño ambiental, agotados los yacimientos en la tierra, en Naurú van sobre el fondo marino.
De otorgarse los permisos de explotación la autoridad internacional estaría opuesta a la motivación de su origen. La isla carece de recursos naturales para una población diez veces mayor que la existente a la llegada de los colonizadores europeos. En ella se juega no sólo su destino, sino la definición de la política mundial del próximo siglo.
No son claros los impactos ambientales de movilizar toneladas de minerales con altas concentraciones de distintos metales suspendidos en el agua a merced de las corrientes. Sin conocer los procesos de extracción no es posible evaluar su impacto. Los europeos en sus mares investigan, pero han detenido la explotación.
Empresas de EU, Japón, Naurú (canadienses) y Papúa Nueva Guinea se encuentran a punto del siguiente paso. En Papúa Nueva Guinea el proyecto plantea destruir fuentes hidrotermales submarinas sobre las cuales se ha formado un ecosistema muy particular que sería destruido. Esta minería no pasa el tamiz de los Principios de Ecuador ni el del Principio Precautorio. México debe oponerse a los permisos de explotación sin investigación suficiente, formas precisas de redistribución y mecanismos para obligar el cumplimiento de los principios propuestos por Arvid. La remediación ambiental a la cual está obligada Australia en Naurú puede darle respiro financiero, nuevas opciones económicas y justicia a su población.
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