La marcha de colectivos feministas del viernes 16 de agosto fue un ¡ya basta! a la impericia, insensibilidad y a las violaciones al debido proceso en que incurrieron funcionarios de la CDMX, al tratar el caso de una menor de edad que denunció haber sido violada por policías, hecho que las autoridades pusieron en duda. La marcha sembró, además, la semilla de un cambio cuyo alcance apenas se perfila.
Los hechos señalados, aunados a los escandalosos antecedentes de impunidad, llamaron a la indignación frente a una autoridad que se ha mostrado —por decir lo menos— incapaz de frenar las agresiones de género y de impartir justicia. Los propios datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que las muertes violentas de mujeres se han incrementado a nivel nacional año con año: en 2017 fueron asesinadas 3,271 mujeres; en 2018, 3,630; de enero a junio de 2019 sumaron 1,897.
Sobre el delito de violación, en 2018 se registraron 15,322 denuncias y en los siete meses de 2019 se reportaron 9,928. Sin embargo, hay numerosas violaciones que no se denuncian; si esto no ocurriera las cifras serían mucho mayores.
La violencia contra las mujeres no sólo proviene de particulares, sino también de agentes del Estado. En nuestro informe Sobrevivir a la muerte, de 2016, documentamos que 80 por ciento de las mujeres detenidas por la Marina fueron violadas; 60 por ciento en el caso de las policías municipales; 50 por ciento en las policías estatales; 50 por ciento en el Ejército y 19 por ciento en la Policía Federal.
A causa de los feminicidios, miles de niñas y niños han quedado en la orfandad; en los casos de violación, la víctima enfrenta actitudes de sospecha social, lo mismo ocurre a las familias de las víctimas de feminicidio. A ello se suma el tortuoso seguimiento de la investigación judicial y la exigencia de justicia y reparación del daño, temas sobre los que pocas veces se obtienen resultados.
Desde Amnistía Internacional hemos reiterado que la violencia contra las mujeres es una violación grave de derechos humanos, que los feminicidios son parte de la crisis de derechos humanos que vivimos en México y que el Estado tiene la obligación de garantizar el pleno ejercicio de todos los derechos para todas las mujeres, así como de garantizar su vida y su seguridad.
Por otra parte, llama la atención que en la marcha del 16 de agosto participó un gran número de mujeres jóvenes, que abiertamente se reconocen como feministas. Esta nueva generación aportará, con seguridad, nuevas ideas al movimiento y a su consolidación.
Por lo pronto, las organizaciones feministas ya lograron que las autoridades dieran marcha atrás en su reacción inicial ante la protesta y aceptaran sentarse a dialogar con los colectivos #Nonoscuidannosviolan y #ExigirJusticianoesprovocacion, en los que converge, precisamente, esa nueva generación de feministas.
Es indispensable que las autoridades reconozcan sus deficiencias en la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual. Es urgente también que investiguen correctamente las denuncias que reciben, para detener y sancionar a quienes sean responsables de los delitos, y que establezcan garantías de no repetición.
Desde Amnistía Internacional hacemos un exhorto al Estado para erradicar la violencia de género y una exigencia a que cada caso sea investigado, atendido y sancionado. Para ello se requiere de políticas públicas integrales dejando atrás el enfoque punitivo como el único que puede solucionar el problema.
Desde Amnistía Internacional acompañamos a las mujeres en esta lucha por un cambio de paradigma hacia una sociedad no sexista y como feminista me quedo tranquila del reemplazo generacional de un nuevo feminismo disruptivo, crítico y con alto nivel para debatir y dialogar.
Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México