La situación en Oriente Medio, especialmente el conflicto israelí-palestino, sigue siendo uno de los más complejos y divisivos en la política internacional. Recientemente, figuras como el teórico de Relaciones Internacionales de la escuela de pensamiento neorrealista, John Mearsheimer, han acusado a Israel de establecer un régimen de apartheid, comparándolo con las políticas segregacionistas de la Sudáfrica del siglo XX.
Aunque estas acusaciones no son nuevas, han ganado fuerza en el ámbito internacional con la publicación de informes de organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que denuncian prácticas discriminatorias y de segregación por parte de Israel hacia la población palestina.
Esta retórica se intensifica con acusaciones más fuertes por parte de Sudáfrica, incluyendo las de genocidio. El caso legal presentado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) podría marcar un hito en el derecho internacional. ¿Se desentrañarán los complejos argumentos legales que definen y prueban el genocidio? ¿La CIJ tomará medidas preliminares para mitigar daños antes de su veredicto, centrándose en la intención de aniquilar, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso?
La Convención de Ginebra de 1948 establece claramente lo que constituye un genocidio y determina la responsabilidad de las naciones en prevenir y castigar tales actos. Cualquier acusación, incluso de complicidad en un genocidio, requiere una base jurídica sólida y evidencia incontrovertible.
En muchos casos respecto a este conflicto, estas aún están sujetas a debate y análisis. No obstante, la política exterior estadounidense de marginarse e adoptar una visión indiferente y de doble estándar ante el sufrimiento humano en Gaza podría categorizarse como complicidad ante los actos del gobierno de Netanyahu en ataques indiscriminados, especialmente a partir del 1 de diciembre.
Si la Corte Internacional de Justicia decide a favor de Sudáfrica, ¿podría resultar en una sentencia que incumpla por parte de Israel, lo cual llevaría el caso al Consejo de Seguridad? En ese escenario, se podrían considerar sanciones internacionales contra Israel, lo que podría generar un replanteamiento de sus políticas y acciones. Si el caso se desestima, ¿cómo afectará la imagen de la CIJ y las percepciones globales sobre la soberanía estatal y los derechos humanos?
En lo que respecta a la administración de Biden, ha mantenido en gran medida la línea política de apoyo a Israel. Sin embargo, al mismo tiempo, es necesario tener en cuenta las relaciones no ideales entre los demócratas y la influyente diáspora judía en los Estados Unidos. Pero aún así esta estrategía de mantener el apoyo, que incluye asistencia económica, militar y diplomática, es a menudo criticado por aquellos que consideran que perpetúa las condiciones actuales de desigualdad y violencia en la región.
En este caso, se podría considerar como complicidad, aunque no sería lo conveniente para Estados Unidos, ya que su prestigio internacional está debilitado en el conflicto entre Israel y Palestina, y su política exterior es el resultado de un complejo entramado de intereses estratégicos, no humanitarios.
El análisis de las intenciones y acciones de Israel desde la ocupación de los territorios de Cisjordania y Gaza en 1967 sugiere que la situación de los palestinos ha sido consistentemente precaria y a menudo inhumana, según reportes de varias ONGs y observadores internacionales. La etiqueta de "apartheid" se utiliza en este contexto para describir una estructura de poder en la que un grupo dominante somete a otro a un trato cruel y discriminatorio durante un período prolongado.
La comunidad internacional se encuentra en una encrucijada moral y legal. Por un lado, debe respetar al derecho a la autodefensa de una nación, mientras que por otro, no puede ignorar las acusaciones creíbles de violaciones a los derechos humanos y potenciales crímenes contra la humanidad.
En este escenario, la mirada se dirige hacia el sistema judicial internacional, incluida la Corte Internacional de Justicia, que podría recibir casos para determinar la legalidad de las acciones de un Estado bajo el derecho internacional. Las medidas provisionales que pueda exigir a Israel o cualquier otro país acusado de violaciones graves serán cruciales para establecer un precedente y, posiblemente, redefinir las estrategias políticas y militares en Medio Oriente.
