Decía Karl Loewenstein que “el poder lleva en sí la semilla de su propia degeneración. […] A menos que se ejerza dentro de ciertos límites [el poder] es susceptible de transformarse en tiranía caprichosa y despotismo arbitrario”.
El miércoles pasado durante la mañanera, la secretaria de Gobernación presentó lo que la 4T pretende convertir en una realidad incontrovertible: que la sobrerepresentación de Morena y sus aliados es un hecho y que además, es constitucional.
Desde las elecciones, el oficialismo echó a andar su maquinaria y sus opinadores oficiales han inundado los medios de comunicación y las redes sociales con la falacia de que es democrático y constitucional pretender adueñarse del 74% de la Cámara habiendo obtenido el 56% de los votos.
Y así van, contando medias verdades o abiertas mentiras, como las vertidas por el exministro Zaldívar en el programa de Ciro Gómez Leyva, donde aseguró que las fórmulas existentes en los sistemas electorales para determinar el número de escaños en el Congreso, “rara vez coinciden con el porcentaje de votos” obtenido por cada partido o coalición. Esto es falso. La evolución de los sistemas electorales ha apuntado históricamente a buscar que la representación en el Poder Legislativo sea lo más parecida posible al porcentaje de votos de cada fuerza política. La razón es permitir la mejor representación de los distintos grupos e ideologías que se manifiestan en la sociedad.
Zaldívar continuó: “por ejemplo en el Reino Unido, el partido Laboralista (sic) obtuvo el 34% de los votos [y] con eso va a tener el 64% del Parlamento”. Una comparación fuera de lugar pues el exministro omite mencionar que el sistema electoral británico es un sistema puro de mayoría, es decir, es un sistema que privilegia los triunfos individuales de cada legislador por encima de los votos en general para cada partido político.
Hay que aclarar que además de tener un sistema electoral distinto al nuestro, en el sistema británico existe un régimen parlamentario contrapuesto al presidencial mexicano. Lo anterior marca una diferencia clave que vuelve radicalmente distinto el escenario de un Congreso con mayoría absoluta: la existencia de mecanismos de control de poder.
En regímenes parlamentarios, el Ejecutivo tiene responsabilidad política frente al Parlamento, quien puede llamarlo a rendir cuentas y en última instancia puede destituirlo a través de mecanismos como la moción de censura. Estos mecanismos de control fueron creados para evitar que el Primer Ministro, cabeza del poder ejecutivo, o cualquiera de los miembros de su gabinete, pudieran llevar a cabo actos que sobrepasaran sus atribuciones, violaran derechos de los ciudadanos, o concentraran el poder. Importante señalar que existen incentivos muy poderosos para que incluso los legisladores del mismo partido político del que proviene el Primer Ministro busquen controlarlo o cuestionen y voten en contra de su política pública.
Decía Karl Loewenstein que los presidencialismos pueden derivar en regímenes dictatoriales “en la medida en que la voluntad legislativa del Estado no encuentra ningún obstáculo derivado de la deliberación y el compromiso parlamentarios que implican los partidos y el libre funcionamiento de la opinión pública”.
En el caso de los regímenes presidenciales como el Mexicano donde el poder se concentra mayormente en el Poder Ejecutivo; en el que no existe responsabilidad política ni mucho menos control del poder, la sobrerrepresentación parlamentaria es un enorme peligro para lo que queda de nuestra democracia.
En las últimas semanas se han vertido argumentos muy convincentes en torno a la anticonstitucionalidad que implicaría la sobrerrepresentación de Morena y aliados en el Congreso. Vale la pena también desmentir a quienes pretenden engañar a la sociedad como es este caso.
“Sería bueno escuchar a todos esos sabiondos Constitucionalistas” pedía el Presidente el miércoles pasado. Presidente, históricamente el objetivo primordial del constitucionalismo ha sido limitar el ejercicio del poder público y proteger los derechos de los ciudadanos. Por ello, y para evitar que la próxima presidenta concentre un poder que la sociedad no le otorgó en las urnas, es que los constitucionalistas seguiremos opinando y buscando hacer valer nuestra opinión, aunque le incomode.
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