Luego de un intento fallido de cambiar la regulación en el sector energético, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha lanzado una reforma constitucional que tiene como objetivo impulsar el control estatal del mercado eléctrico, poniendo fin a las posibilidades del sector privado de modernizar la infraestructura y de impulsar la transición energética del país.
Esta propuesta de reforma es regresiva, puede tener graves consecuencias para una gran cantidad de empresas y para la economía del país. Ello sin contar con el impacto negativo en el avance hacia una transición al uso de energías renovables y el cumplimiento de los compromisos internacionales firmados por México.
En este contexto, la reforma requiere ser aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión y por los congresos locales. He señalado con anterioridad que es un error pensar que se requieren 334 legisladores para hacer reformas constitucionales. Nuestra Constitución establece en su artículo 135 que las reformas constitucionales se considerarán aprobadas con el voto de las 2/3 partes de los legisladores PRESENTES en la sesión, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
La propuesta de reforma no es otra cosa que una contra-reforma que echa para atrás el cambio en el sector generado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto con la reforma aprobada en 2013. En aquel año, ésta fue aprobada con 354 votos a favor y 131 en contra, un total de 485 diputados presentes; fueron el PRI, PAN y PVEM que desde la oposición pusieron los votos necesarios; en su contra, por considerarla contraria ideológicamente, votaron el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano. Estuvieron ausentes 15 legisladores.
Para una explicación detallada: https://bit.ly/3mw6AhZ
Durante la pasada Legislatura (LXIV), se aprobaron diversas reformas constitucionales con mayorías suficientemente holgadas. Sin embargo, otros asuntos más polémicos han sido aprobados con menor votación, como es el caso de la reforma sobre revocación de mandato y consulta popular, aprobada con 329 votos a favor, 153 en contra y 2 abstenciones (con una asistencia de 484 legisladores).
Esos 16 legisladores ausentes cambiaron la ecuación y permitieron que, en lugar de 334 diputados para aprobar la reforma, se necesitaran menos, sólo 323. El PRI aportó 3 votos a favor pero también 8 de las 16 inasistencias de aquel día.
Desde la oposición, tanto el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano han hecho público su rechazo a la propuesta de reforma presentada por el presidente. El PRI parece estar jugando una carta muy peligrosa para la nación: la reforma no sólo va en contra de lo impulsado por ese mismo partido cuando fue gobierno, sino que además atenta contra el voto ciudadano que los llevó al lugar que ocupan hoy.
Los 71 diputados del PRI, los 15 del PRD, los 23 de Movimiento Ciudadano y los 114 del PAN son indispensables para detener lo que potencialmente podría convertirse en una seria crisis energética para nuestro país. En suma, para detener esta reforma, son indispensables sus votos en contra, pero también, como ya vimos, su asistencia.
