Apenas ayer las imágenes recorrían el mundo. 19 pequeños de entres 6 y 15 años, en los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera, habían sido entrenados como “policías comunitarios” y fueron presentados así por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) .
Algunos tienen apenas 6 años, edad requerida para iniciar la educación primaria y sin embargo ahora los entrenan en el uso de armas para “defender” a su pueblo. Con trabajo alcanzan a sostener un arma y caminar al mismo tiempo.
Pretenden, de acuerdo a lo reportado que estos 19 niños “contribuyan” a defender a la gente frente a los grupos de narcotraficantes que por años ya han asolado a la población de las comunidades asentadas en esa zona del país. Los niños formaron parte de un grupo de unos 2,000 guardias comunitarios y quizá la nota habría pasado desapercibida de no haber sido por la aparición de los niños armados.
Es importante recordar que ser niño en muchas comunidades indígenas tiene un significado diferente. En casos como la comunidad de Cherán y Chilapa los niños toman parte también en las decisiones comunitarias y se les involucra desde pequeños en la participación política y la defensa. Y es que para los niños también es un deber formar parte de las rondas de vigilancia. Ya en 2014 se calculaba que más de 50,000 niños habían sido enrolados ya bien por las autodefensas o bien por el narcotráfico.
El caso de Kika, un niño de 14 años parte de las autodefensas de Michoacán contra los Templarios, fue el que abrió el debate sobre los niños soldado en nuestro país. Retratado con su cuerno de chivo, fue ícono de un debate que no pasó a más. Incluso si revisamos las notas de aquellos años, la prensa local y nacional parecía darle a este pequeño un trato de héroe: “Kika, el niño autodefensa que ‘limpia’ calles de criminales”, “Kika, el más pequeño de los autodefensas”, “Kika, el niño autodefensa que lucha contra los templarios de Michoacán”.
Así como hace algunos años, la creación de estas guardias comunitarias resuena como un grito desesperado de los pobladores ante lo que ha sido una constante en su vida por muchos años: la violencia, el crimen y la inseguridad. En 2016 las guardias comunitarias de Chilapa ya enfrentaban a los grupos delincuenciales. Las fosas clandestinas y la búsqueda de desaparecidos eran un común denominador para sus habitantes desde 2013.
En 2016 ya era noticia que el Servicio Médico Forense (Semefo) local en Guerrero ya no se daba abasto para almacenar la enorme cantidad de cadáveres que se iban acumulando cada día y mucho menos posibilidades tenía de realizarles las autopsias necesarias.
La Convención sobre los Derechos del Niño , la cual firmó México hace 30 años, señala en su artículo 38 que el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que ningún menor de 15 años de edad participe directamente en hostilidades o sea reclutado por las fuerzas armadas. Ojalá que la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se tome un poco de tiempo para visitar estas comunidades de Guerrero y denunciar lo que claramente es una violación a los derechos humanos de estos niños.
También sería bueno saber, a casi 6 años de distancia ¿qué pasó con Kika?
