El 11 de febrero de 2011 fue de fiesta. Las calles aledañas a la Plaza Tahrir lucían abarrotadas de personas que con fuegos artificiales y banderas de Egipto celebraban la renuncia del dictador Hosni Mubarak. De pie sobre tanques militares, soldados y ciudadanos cantaban y reían al unísono. No faltaron los aplausos, las sonrisas y las palmadas en la espalda para los recién inaugurados “héroes”, los miembros del ejército que, poniéndose del lado de la ciudadanía que protestaba en las calles, se convirtió en actor clave para la salida de Mubarak.
Pero la felicidad terminaría pronto, la ilusión de libertad y democracia chocaría de frente con los afanes de poder de la milicia. Y vendrían años muy oscuros para Egipto y para sus ciudadanos. Aquellos que cantaban himnos y saltaban de alegría en el tumultuoso febrero de 2011, llorarían por el nuevo autoritarismo implantado desde 2012. Y siguen llorando, ante las torturas, amenazas, desapariciones y violaciones a derechos humanos que son la constante en el país.
Desde entonces, el ejército ha ido ocupando el gobierno aún más. Los militares son dueños de fábricas, empresas, cooperativas y miles de hectáreas de tierra. Operan negocios y cooperativas y tienen tantos privilegios económicos que se les considera una factor de poder económico por si mismo, generando cientos de millones de dólares que se mantienen dentro de los recursos de las propias fuerzas armas y en total opacidad.
En Venezuela, con la llegada de Chavez y luego con Maduro, los militares han visto aumentar sus privilegios año con año. Las fuerzas armadas se convirtieron desde la llegada de Chávez al poder, en un instrumento político partidista. Y para pagar -y asegurar- su lealtad, Hugo Chávez se aseguró de militarizar el gobierno desde su llegada.
Desde encabezar secretarías de Estado, Embajadas, hasta dirigir diversas empresas estatales y operar programas sociales, los militares tienen un rol fundamental y privilegiado en la sociedad venezolana. Al 2020 al menos 45 empresas (en rubros que van desde salud, transporte y petróleo, hasta la operación de programas sociales en alimentación, vivienda y educación) se encontraban en manos de miembros de las fuerzas armadas. Los militares en Venezuela son uno de los grupos con mayor poder económico a pesar de las duras condiciones que enfrenta el resto de la población. Muchos de ellos no tienen empacho en mostrar sus fotos vacacionando en Europa o comprando productos de lujo. Por eso defendieron a Chávez y hoy defienden a Maduro. Saben que si el régimen cae, ellos -y sus familias- perderían todos los privilegios económicos que hoy tienen. Maduro sabe que la lealtad se gana con beneficios económicos obtenidos a fuerza de aumentos presupuestadles constantes, falta de transparencia y un irremediable aumento en el nombramiento de altos mandos con acceso a los recursos del erario público.
Quizá por eso es preocupante ver el imparable avance de la militarización del Estado en México donde un día si y otro también vemos la invasión del ejército de áreas civiles del Estado. A paso firme, el presidente de México continúa en un raro afán de poner al ejército donde nunca antes había estado desde aduanas, pasando por la intervención de diversos órganos reguladores hasta labores de construcción de aeropuertos, trenes, la operación de programas de salud como la estrategia contra el COVID, de las empresas de gas, y próximamente litio y del parque natural de las Islas Marías, la operación de programas sociales, la distribución de medicamentos, su participación en la estructura del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y un larguísimo etcétera.
Bajo el pretexto de la lucha contra la corrupción, el López Obrador está entregando, en bandeja de plata el país a las fuerzas armadas. Los casos en el mundo muestran que los incentivos económicos son suficientes para destruir la institucionalidad. La realidad es que se trata de un incentivo perverso que tenderá a politizar, cada vez más, a las fuerzas armadas. Rumbo a 2024, con la perspectiva de perder sus recién obtenidos privilegios económicos en caso de que ganara la oposición, cabe preguntar ¿hasta dónde podría llegar esta compra de lealtades? ¿se mantendría institucional el ejército? ¿la toma del INE por las fuerzas armadas seguiría siendo inimaginable?
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