La renuncia de Evo Morales bajo la presión de las fuerzas armadas es la consecuencia final de la enorme polarización y enfrentamientos generados desde la cuestionada elección del pasado 20 de octubre. La escalada de violencia no ha hecho mas que enrarecer el ambiente político dejando un vacío de poder que será difícil de llenar.
Tan condenables las múltiples violaciones de Evo a la Constitución, incluyendo su última reelección, como condenable la presión militar.
Absolutamente decepcionante ver que hay quienes justifican lo segundo por, supuestamente, conservar la democracia. Si sostener la democracia requiere advertencias y un ultimátum de las fuerzas armadas, eso no es una democracia. No hay engaño. La intervención del ejército es condenable e injustificable desde cualquier óptica.
En 2011, en pleno climax de la primavera árabe, Hosni Mubarak era depuesto del poder en Egipto poder que entregaría a las fuerzas armadas que, teóricamente, encaminarían a la nación hacia la democracia. En aquel aciago 2011, líderes de todo el mundo celebraban que Mubarak entregara el poder al ejército. “El ejército defendiendo al pueblo” se leía en muchas notas publicadas entonces.
En diciembre de ese mismo año, ese mismo ejército reprimía a los opositores a ese nuevo poder en la misma plaza Tahrir, aquella en la que los ciudadanos jubilosos festejaban, meses antes, la caída del dictador. A ocho años es claro que las fuerzas armadas no son el instrumento ideal para conducir a un país a la democracia. Un militar se encuentra en el poder luego de que otro golpe militar en 2013 derrocó al presidente electo popularmente.
Por supuesto son casos distintos, sin embargo, guardando las proporciones, el caso egipcio debería ayudarnos a tener un poco más de perspectiva sobre los efectos reales de aplaudir un ejército que deja de lado la obediencia y se convierte en un poder real capaz de hacer dimitir a un presidente, a ministros, legisladores y gobiernos enteros.
En medio del caos actual, la pregunta más pertinente ahora es ¿qué sigue para Bolivia? El artículo 169 de la constitución boliviana establece la línea sucesoria a seguir en caso de ausencia definitiva del Presidente. Los tres posibles sucesores han también renunciado a sus cargos: el Vicepresidente, la Presidenta del Senado y también el Presidente de la Cámara de Diputados. Queda la segunda vicepresidenta del Senado que tendrá que asumir primero la presidencia.
Es importante resaltar que Evo sigue siendo Presidente de Bolivia pues su renuncia, para formalizarse, requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, sin embargo, la mayor parte de los legisladores provienen del oficialista MAS (Movimiento al Socialismo), con el país sumido en la violencia y el caos se antoja difícil reunir el quórum requerido para sesionar, especialmente tras un intento fallido de hacerlo el día de ayer. Hasta que eso no suceda, nadie puede asumir la presidencia del país y por tanto tomar las riendas del país.
La propuesta del líder opositor Luis Fernando Camacho de dar el poder a una junta militar o incluso a un grupo de notables es riesgosa y sería anticonstitucional, por tanto, a pesar de todo seguir la línea sucesoria marcada por la Constitución es la mejor opción si lo que se quiere es recuperar la democracia en Bolivia. Confiar en que las fuerzas armadas pueden liderar una transición democrática es un error descomunal, en la realidad no existe nada parecido a un “golpe democrático” y no nos engañemos lo ocurrido hoy en Bolivia es, con todas sus letras un Golpe Militar.
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