En 1944, Juan José Arévalo hacía historia en Guatemala al ser electo el primer presidente democrático. Hoy que Guatemala está nuevamente sumida en una profunda crisis política, Bernardo Arévalo, su hijo, ha sido desde hace meses el protagonista de una disputa que amenaza con dinamitar la débil democracia en el país.
En junio, Arévalo sorprendió a propios y extraños al conseguir su boleto a la segunda vuelta electoral del próximo 20 de agosto en la que enfrentará a Sandra Torres, exprimera dama y de tendencia centro izquierda. Las encuestas previas a la primera vuelta lo dejaban a él y a su partido político, de tendencia de izquierda, Movimiento Semilla, fuera de los primeros lugares.
Sin embargo, Movimiento Semilla, nacido en 2015 luego de las protestas ciudadanas contra la corrupción, fue suspendido el miércoles pasado por orden de un juez; acusado por un fiscal, Rafael Curruchiche, quien a su vez ha sido sancionado en Estados Unidos por obstruir investigaciones de corrupción. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha solicitado un amparo ante la Corte Constitucional, la cual ha echado para atrás la suspensión, aunque de manera temporal.
El intento de suspensión es grave, pues dejaría a Arévalo fuera de la contienda para la segunda vuelta, pero además porque el acto sería ilegal. Conocer sobre la cancelación de un partido político es una facultad del TSE, asimismo, no se puede proceder con la suspensión de una organización política cuando hay un proceso electoral en marcha a riesgo de restar legitimidad al mismo como establece el último párrafo del artículo 92 de la ley electoral.
Esta intentona se suma a los allanamientos llevados a cabo por la Fiscalía al TSE para supuestamente reunir evidencia de una adhesión ilegal de ciudadanos al Movimiento Semilla. Este allanamiento ha desatado todas las alarmas dentro y fuera de Guatemala. Las acusaciones de fraude electoral a favor de Arévalo enarboladas por Vamos y otras 8 agrupaciones políticas, no fueron sustentadas y al final fueron desechadas, sin embargo, retrasaron el anuncio de los resultados oficiales sobre quienes acudirán a la segunda vuelta.
Estas ilegalidades no son nuevas. Por meses el presidente, Alejandro Giammattei, y el oficialista Vamos han hecho de todo para que éste se mantenga en el poder a través de su candidato Manuel Conde Orellana. Algo que sonaría imposible ahora que el TSE ha declarado la legitimidad de las elecciones de junio y por tanto la confirmación de los ganadores para acudir a la segunda vuelta. Sin embargo, el uso de las instituciones estatales orquestado por el presidente Giammattei y sus acusaciones de supuesto fraude, han terminado por enrarecer tanto el ambiente que puede poner en riesgo la credibilidad y legitimidad de las elecciones del próximo 20 de agosto.
Sin embargo, lo que ocurre hoy en Guatemala parece no ser un tema prioritario para el resto de los países de la región. Mientras que organizaciones como la OEA y gobiernos como el de Estados Unidos y la Unión Europea han manifestado su preocupación por la integridad del proceso y han pedido al gobierno respetar los resultados electorales, los países latinoamericanos parecen tener otras prioridades en mente y han evitado posicionarse públicamente sobre esto.
Si bien la ciudadanía se ha hecho presente, la superación de esta crisis política no solo depende de los ciudadanos y líderes políticos, sino también del compromiso internacional para exigir transparencia y respeto por los votos de los guatemaltecos.