La pandemia del coronavirus ha puesto en aprietos a la sociedad entera. Desde la perspectiva de una cruda crisis económica hasta una vuelta a la “nueva normalidad” que ni acaba de llegar ni termina por ser nueva ni normal, la vida de todos se ha transformado en distintos grados. Hay un aspecto, sin embargo, que debería estar ocupando un lugar importante en el debate por el futuro. El de la educación.
La educación es un derecho humano consagrado en el artículo Tercero de nuestra Constitución. Sin embargo, se trata de un derecho cuya garantía depende del actuar del Estado. Los recortes en los distintos programas destinados a educación han puesto en riesgo el modelo de educación pública y la actual pandemia no ha hecho más que poner en evidencia las enormes diferencias socio-económicas que coexisten entre los mexicanos.
Desde marzo pasado, millones de niños y adolescentes fueron forzados a transitar hacia un modelo de educación digital y a distancia para el cual el país no estaba preparado. La infraestructura educativa, desde las escuelas hasta los pupitres es, en el caso de muchas comunidades alejadas de los núcleos urbanos, deficiente. Pocas unidades cuentan con televisores o pantallas para llevar a cabo la educación a distancia. Hubo intentos, en años pasados de iniciar programas de “digitalización” con la entrega de tabletas a estudiantes, a pesar de eso, hoy son muy pocos los estudiantes que cuentan con los recursos necesarios para poder transitar a una educación digital (una tableta o teléfono inteligente y servicio de internet por lo menos).
El impacto para los niños y jóvenes es inmediato y también afecta su futuro. La educación es un factor determinante para la movilidad social. De acuerdo a datos de la OCDE el PIB per cápita crece entre 4 y 7% por cada año adicional de escolaridad. Hay, por tanto, una muy estrecha relación entre los niveles de desigualdad, la baja escolaridad y la movilidad social. Los países que, como política pública, invierten más recursos en educación de calidad, particularmente en educación básica (preescolar, primaria y secundaria) son los que logran reducciones en la brecha socio-económica, beneficiando sobre todo a las familias de más escasos recursos.
Hace unos días, el Director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras, abordaba un estudio de la UNAM que identificó que más del 70% de los decesos asociados a Covid-19 en México están asociados a personas que tenían una baja escolaridad de primaria o menor. Un mayor nivel educativo contribuye también a una mejor toma de decisiones en distintos ámbitos, desde la salud hasta la familia. Diversos estudios han demostrado a nivel mundial, que una mayor inversión en educación de las niñas desde niveles básicos, disminuye el embarazo adolescente y proporciona por tanto, mayores oportunidades de movilidad para la niña, para su familia y para el país en el futuro.
Invertir en educación es un ganar-ganar para toda la sociedad. Si bien no es el único factor, sí es uno que puede determinar las posibilidades de una familia para la movilidad social. En los tiempos que vienen, este puede ser, sin lugar a dudas, un elemento crucial para evitar que la mayor parte de la población del país caiga en la pobreza, es un rubro en el que no debe, no debería, escatimarse. Por el bien de México.
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