En 2013, el Parlamento húngaro, controlado por el partido Fidesz, aprobó reformas que limitaron severamente las competencias del Tribunal Constitucional. Estas reformas anularon todas las sentencias de inconstitucionalidad previas y prohibieron al Tribunal recurrir a su propia jurisprudencia para interpretar nuevos casos. Además, se le impidió pronunciarse sobre cuestiones presupuestarias y fiscales, y, si se introducen nuevas enmiendas a la constitución, no puede evaluar su contenido; únicamente puede determinar si el procedimiento seguido cumple con la legalidad.
Estas medidas debilitaron el control judicial sobre el gobierno, permitiendo que leyes previamente declaradas inconstitucionales sean reincorporadas sin posibilidad de revisión judicial. Así, en 2018, el Parlamento húngaro aprobó una enmienda constitucional que prohibió vivir en espacios públicos, criminalizando efectivamente a las personas sin hogar. Esta medida otorgó a la policía el poder de emitir advertencias y, eventualmente, encarcelar a quienes no cumplían con las órdenes de abandonar las calles. Efectivamente, el Tribunal Constitucional estuvo impedido de evitar que reformas regresivas en materia de derechos humanos pudieran ser aplicadas. En Hungría las pertenencias de las personas en situación de calle pueden ser confiscadas y destruidas, y los infractores enfrentan la posibilidad de realizar trabajos comunitarios o incluso enfrentar penas de prisión.
Hoy, en México, observamos con preocupación cómo estas tendencias regresivas encuentran eco en propuestas legislativas que buscan debilitar los mecanismos judiciales de protección constitucional esenciales para proteger nuestros derechos fundamentales. La reciente propuesta de reforma constitucional, denominada de “Supremacía Constitucional”, presentada por Morena para blindar las reformas contra el escrutinio judicial, sigue un patrón similar: eliminar los contrapesos necesarios para asegurar que cualquier cambio respete la constitucionalidad y los derechos humanos.
A diferencia de los cambios en Hungría, en México Morena pretende dejar fuera de la posibilidad de revisión judicial también el que el proceso legislativo no haya sido violatorio. Es decir, aquí van todavía más lejos, pues si hubo violaciones procedimentales en una reforma constitucional que nos afecte a todos, ésta será válida, pues nadie podrá controvertirla.
La eliminación del control judicial sobre las reformas constitucionales podría abrir la puerta a cambios regresivos que afecten derechos fundamentales. Sin la capacidad de revisión de la Suprema Corte, se corre el riesgo de que de que cualquier norma retrógrada al establecerse en la Constitución con una mayoría oficialista, quede fuera del alcance de la revisión sobre su constitucionalidad.
Morena y la 4T buscan asegurar su impunidad, concentrar el poder y que ningún tribunal tenga la capacidad de revisar las reformas constitucionales. Es imperativo recordar que las constituciones no son meros documentos legales; son pactos sociales que deben reflejar los valores y aspiraciones de toda una nación. Al desmantelar los mecanismos que garantizan su estabilidad, el Estado de Derecho y el orden constitucional, se deja a los ciudadanos en un desamparo jurídico y político.
La historia nos ha enseñado que las democracias no mueren en un día; se erosionan gradualmente mediante acciones aparentemente legales, pero profundamente antidemocráticas. Así como Viktor Orbán proclamó sus reformas como una respuesta a las demandas populares, debemos preguntarnos: ¿de quién es realmente esta demanda? Porque cuando las decisiones políticas se toman sin transparencia ni participación ciudadana, lo único que queda claro es el desamparo al que nos enfrentaremos los ciudadanos comunes.
Analista. X: solange_