Su día comenzó sentado solo, con la banda presidencial, un discurso listo para leer en cadena nacional y la determinación de dar un manotazo en la mesa. Con las manos temblorosas Pedro Castillo leía el decreto por el que disolvía el Congreso y decretaba un Estado de excepción donde gobernaría por decreto y convocaría a elecciones para una Asamblea Constituyente.
Horas después de su intento de golpe de Estado, Castillo era captado intentando huir. El miércoles, diversos medios peruanos aventuraban que buscaba refugiarse en la Embajada de México, lo cual fue confirmado por el propio López Obrador en la conferencia mañanera. Pero el arrebato justiciero del Presidente de México buscaba llegar más lejos. Abrir la embajada para que un hombre, que acababa de intentar romper el orden constitucional y democrático de su país, pudiera refugiarse bajo techo mexicano.
El exabrupto mañanero alcanzó para también enviar al embajador de México en Perú a visitar a Castillo en prisión y recibir directamente la misiva donde éste formaliza su pedido de asilo a México. Esta formalización pone a nuestro país en una posición muy incómoda, pues cualquiera que sea la respuesta tendrá reverberancia interna y en la relación con Perú. No hay duda: lo hecho por Castillo fue un golpe de Estado. Fallido, pero la intentona sigue. ¿Quiere nuestro país ponerse del lado de un golpista?
Desde su arribo al Palacio de Gobierno, la administración de Castillo estuvo inmersa en polémicas de corrupción. Escándalos que lo incluyen a él, a distintos de sus colaboradores y excolaboradores, e incluso a familiares.
Siguiendo lo establecido por la Constitución en el artículo 115, el Congreso tomó protesta a la vicepresidenta Dina Boluarte, integrante del mismo partido de Castillo para ocupar el cargo. De acuerdo con ese mismo artículo, si el presidente está impedido de continuar en el cargo de manera permanente, el Presidente del Congreso deberá convocar a elecciones de inmediato. Sin embargo, Boluarte adelantó que no adelantará las elecciones y gobernará hasta 2026.
Desde 2016 Perú parece vivir en una crisis política permanente originada por un deficiente diseño constitucional de su sistema político que, a pesar de todo, alcanzó para evitar el golpe de Castillo. Los próximos días serán cruciales para saber el destino del nuevo gobierno.
El manotazo de Castillo para evitar el que sería su tercer proceso de destitución, fue una violación flagrante a la Constitución peruana que en su artículo 134 señala que el Presidente puede disolver el Congreso cuando éste se haya negado a aprobar dos Consejos de Ministros. La respuesta del Congreso, de las Fuerzas Armadas, la Policía, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional fue unánimemente institucional y constitucional en rechazo a la intentona de Castillo.
Sin importar si se trata de izquierda o derecha, el talante autoritario y populista de Castillo quedó manifiesto el miércoles. Así lo entendieron otros gobiernos de izquierda en la región que buscaron dar un paso a un lado, como Gabriel Boric, en Chile, o Lula da Silva, en Brasil. México se equivoca al cerrar filas con un golpista como Castillo cuando incluso su propio partido, Perú Libre, le dio la espalda. Esto es peor que haberse alineado en su momento con Evo Morales.
El día de Castillo, sindicalista que se enfrentó en las urnas —y le ganó— a la derechista Keiko Fujimori, terminó con su detención y reclusión en el mismo penal en el que se encuentra recluido el también expresidente golpista Alberto Fujimori. Paradojas de la política.