La libertad individual es un elemento indispensable de la democracia. Dejémoslo claro, sin libertad no hay democracia posible.
Hoy por hoy, es claro el intento de cambiar la retórica , de tratar de convencer (a veces de manera bastante burda) que puede existir democracia sin libertad. Que un individuo y su grupo pueden detentar el poder por periodos indeterminados, sin rendir cuentas y además ejercerlo de manera absoluta sustentados en una falsa legitimidad. Una legitimidad que les alcanza, según ellos para sostener en el poder a sátrapas que se hacen millonarios a costa de la miseria de los pueblos a los que dicen defender y a los que mantienen reprimidos, callados y encerrados. No, no les alcanza. Esos regímenes son dictatoriales, que no quepa duda.
Pero el discurso es tan soso, tan falto de argumentos y tan poco sostenible que para evitar críticas, los sátrapas en el poder encuentran pronto un nuevo enemigo: la academia, las universidades, las escuelas de pensamiento. Viktor Orbán en Hungría lleva ya varios años en su vendetta personal contra las universidades y los académicos. Desde encarcelar estudiantes y académicos, hasta reformar la ley para transferir las universidades y centros culturales (en su mayoría propiedad del Estado) a fundaciones creadas para ese único fin.
Muchas de las universidades gozaban de una gran autonomía y sus integrantes han sido críticos de diversas decisiones y políticas tomadas por Orbán y su gobierno. La ley, en vigor desde hace un año, se ha convertido en uno de los grandes frenos a la libertad de expresión. Orban, que ha estado en el poder desde 2010, ha buscado controlar la libertad en muchos aspectos, desde medios de comunicación, centros de investigación, centros culturales y ahora también las universidades con el objetivo de convertirse en el centro del poder intelectual, sin competencia ni, por supuesto critica.
En Turquía, Recep Tayyip Erdogan ha encarcelado académicos y presionado a las universidades y centros de investigación desde el 2015 cuando se inició un proceso contra 148 académicos que terminaron en muchos casos con sentencias que van de algunos meses hasta varios años en prisión por “insultar al Presidente” al firmar una carta abierta exigiendo paz en el sureste del país. A eso se suman los miles de académicos despedidos de las mas de 100 universidades y centros de investigación, muchos de los cuales han permanecido cerrados desde entonces.
Limitar la libertad, querer callar académicos y perseguirlos usando la fuerza del Estado para encarcelarlos es un atentado a la libertad académica y por ende atenta contra la democracia misma. La vendetta de la Fiscalía General contra académicos de Conacyt entra en esa categoría y como ciudadanos que deseamos vivir en democracia debemos exigir que se detenga.
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