La militarización de México sigue su curso, ahora con una iniciativa presentada por el PRI y aprobada con los votos de éste y de Morena . En los casi cuatro años del gobierno actual no habíamos visto una votación igual en un asunto tan controversial. Por supuesto que los tiempos y contexto en que se dio tanto la presentación de la iniciativa como la votación misma se prestan a suspicacias. ¿Quién estuvo detrás del rompimiento y cómo lo logró? Pero sobre todo ¿con qué objetivo?
Son tres los beneficios que gana el oficialismo con la división de la oposición. El primero claramente, fue la aprobación de la reforma constitucional de ayer para mantener al ejército en las calles hasta el 2029 extendiendo un plazo que constitucionalmente vencía en 2023. Reforma impulsada por el propio PRI y que ratifica las pocas intenciones que se tienen de regresar la seguridad pública del país a manos de civiles.
La militarización del país orquestada por López Obrador tiene un objetivo claro. Provocar miedo en la población para justificar su presencia constante y con ella, las violaciones a derechos humanos y al orden constitucional. Cuando los ciudadanos sienten miedo, aplauden e incluso piden la presencia castrense y la mano dura para alcanzar un poco de orden. Así comenzó todo en el lejano diciembre de 2006 cuando Calderón envió los primeros 5,000 efectivos al Estado de Michoacán. Gobiernos van y vienen y aquí seguimos.
Por supuesto que el posible rompimiento de la alianza opositora sería la consecuencia esperada y, muy probablemente, propiciada desde Palacio Nacional. De formalizarse el rompimiento traería un segundo beneficio en materia electoral. Recordemos que en 2023 el Estado de México tendrá elecciones para sustituir al actual gobernador Alfredo Del Mazo (emanado del PRI). Con el 13 por ciento de la lista nominal de electores, el Estado de México sigue siendo la joya de la corona con miras a las elecciones presidenciales de 2024.
La Alianza opositora, sin candidato visible enfrentaría a la ex Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez. El escenario ya era difícil antes del rompimiento, si este se consuma, se tornara en casi imposible.
Pero, más allá del beneficio en lo electoral que obtendría el gobierno actual y su partido con el resquebrajamiento de la alianza hay otro beneficio más inmediato y más apetecible para ellos (y por tanto más preocupante para el resto de los mexicanos).
Conseguir el voto del PRI para aprobar la reforma constitucional en materia electoral y, probablemente, y quizá otra para eliminar los organismos constitucionales autónomos serían dos cambios que causarían un daño mayúsculo a la democracia en México.
Sin lugar a dudas la mancuerna del PRI con Morena para la aprobación de la reforma constitucional de ayer es reprobable cualesquiera que sean las razones que la hubieran motivado. Sin embargo, asegurar que la Alianza no ha servido para nada es una abierta mentira. El rechazo, en abril pasado, a la reforma eléctrica del presidente es una muestra de lo importante que es seguir contando con un bloque de oposición en el Congreso.
No se trata de defender o no al PRI, se trata de sostener la fortaleza institucional del país a través de los votos de los legisladores de oposición. Esos votos seguirán siendo del PAN, del PRD, de MC pero sin los del PRI serán insuficientes para detener la ola de absurdos que se han intentado desde el Palacio Nacional contra la democracia y contra las instituciones que la sostienen.
Por supuesto que si el PRI decide unir su destino al de Morena por las razones que sean, nada podrá hacer el resto de la oposición. Sin embargo, cerrar de tajo la posibilidad de que esta se mantenga, pone en vilo las posibilidades que tenemos para enfrentar lo que aún está por venir.
