El 2025 se perfila como un año decisivo para América Latina. La región enfrenta una confluencia de factores que pondrán a prueba la solidez de sus instituciones democráticas y la capacidad de sus líderes para proteger el bienestar de sus ciudadanos. El retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, la persistente amenaza del crimen organizado y una economía regional en declive configuran un escenario complejo que demanda un análisis profundo.
Durante la primera presidencia de Donald Trump, las detenciones en la frontera sur aumentaron significativamente, alcanzando 977,509 encuentros en 2019 (para el 2023 esa cifra superó los 3 millones). La administración Trump 2.0 intensificará su enfoque en la inmigración, y buscará cumplir tanto su promesa de deportaciones masivas como la expansión del muro fronterizo y con ello, vendrá una fuerte presión para México y otros países centroamericanos con el fin de que endurezcan sus políticas migratorias y acepten deportados incluso de nacionalidades distintas.
En cuanto a la economía, ya meses antes de su toma de protesta, ha quedado claro el enfoque proteccionista que tendrá impacto directo en el comercio regional. Como hemos visto en las últimas semansa, la amenaza trumpista de imponer aranceles del 25% a las importaciones mexicanas (y canadienses) si no se frena la migración ilegal ya ha tenido impacto tanto en México como en Canadá. Este tipo de medidas podrían extenderse a otros países latinoamericanos, afectando sus exportaciones y crecimiento económico.
El narcotráfico y el crimen organizado continúan siendo una fuerza desestabilizadora en la región. En México, los homicidios relacionados con el crimen organizado alcanzaron 30,968 en 2022 con un acumulado en el sexenio de casi 200 mil.
En Colombia, a pesar del acuerdo de paz con las FARC en 2016, la producción de cocaína alcanzó un récord de 1,400 toneladas métricas en 2021, según la ONU. Este aumento en la producción tiene efectos devastadores en toda la región, alimentando la violencia y la corrupción.
Brasil, por su parte, enfrenta una creciente influencia del crimen organizado en su política local. En las elecciones municipales de 2020, Brasil, enfrentó la violencia política con 327 candidatos asesinados, muchos con vínculos al crimen organizado -al igual que ocurrió en México en 2024 con 330 ataques contra figuras políticas durante la campaña electoral.
La lucha contra el crimen organizado requiere instituciones judiciales y policiales robustas. Países como Uruguay, que ha logrado mantener bajas tasas de homicidios (12 por cada 100 mil habitantes en 2022), ofrecen lecciones valiosas en gobernanza y seguridad ciudadana.
El populismo y las reformas que amenazan la democracia, la pluralidad y la rendición de cuentas se han convertido en una preocupación creciente. En México las reformas constitucionales impulsadas primero por López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum, han levantado sospechas de un claro desliz autoritario. Esto, aunado a la militarización de la vida civil y de la seguridad pública marca una ruta de destrucción institucional que tomará décadas superar.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha centralizado el poder a costa de las libertades civiles. Su estilo de gobierno populista ha erosionado los controles y contrapesos democráticos, mientras mantiene altos niveles de popularidad debido a su enfoque en la seguridad pública. Todo esto ha tenido como consecuencia una pérdida de apoyo para la democracia en la región, pasando de 63% en 2010 a 48% en 2023. Por su parte el apoyo al autoritarismo llegó a un nivel récord de 54% en 2023.
Ante este panorama la pregunta ya no es si América Latina podrá sortear esta tormenta perfecta, sino ¿qué quedará de sus frágiles democracias una vez que ésta amaine?
