El tiroteo del martes en la escuela primaria de Robb, en Texas, es, con 21 fallecidos, uno de los que más vidas ha cobrado y el más mortífero en la historia del estado. Los dos más recientes con más de 10 víctimas mortales en un estado cuyo gobernador, Greg Abbott, es un activo defensor de la venta libre de armas.
Justo el lunes pasado, el Buró de Inteligencia Federal (FBI) presentó un informe que mostraba una marcada tendencia al alza en el número de tiroteos. Un aumento de 96.8% entre 2017 y 2021. Tan sólo entre 2020 y 2021 el aumento fue de 52.2%.
“Necesitamos hacer algo más que orar por las víctimas y sus familias (…) Es hora de que en Texas tomemos medidas para dar un paso al frente y asegurarnos de que esta tragedia nunca más se repita”, fueron las palabras de Abbott, pero en mayo de 2018 luego del tiroteo en la preparatoria de Santa Fe en Houston.
Por años, las iniciativas de ley para regular la venta de armas y hacer obligatoria la revisión de antecedentes han quedado congeladas en el Senado. Bajo el argumento de restringir derechos constitucionales, políticos como Abbott o el senador por Texas, Ted Cruz, mantienen estas leyes detenidas sin posibilidades reales de discutirse y aprobarse pronto. Sin embargo, la discusión inmediata de estas leyes en Estados Unidos debería ser ineludible después de lo ocurrido.
“Nunca otra vez”, volvió a prometer Abbott el martes luego del tiroteo. Pero cuatro años después parece que poco o nada se ha hecho para cambiar el rumbo de la historia. Otra masacre y las mismas preguntas, las mismas promesas y los mismos minutos de silencio y oraciones. También la misma inacción y las mismas evasivas para detener la posesión de armas y evitar nuevos tiroteos en un país donde poderosos senadores se preguntan con voz quebrada “¿Qué estamos haciendo?”, como lo hizo Chris Murphy de Connecticut.
El asesino de Uvalde tenía 18 años y utilizó dos rifles AR-15 con los que dejó sembrados 19 cuerpos, muchos de ellos tan lastimados que para lograr identificarlos tuvieron que hacerse pruebas de ADN. Estas armas de asalto tienen capacidad para disparar hasta 100 proyectiles sin necesidad de recargar y a una distancia de hasta 600 metros. Son las mismas armas que compran en Estados Unidos los cárteles de las drogas para usarlas en México.
¿Qué tiene que ocurrir para que las cosas cambien? Porque parece que ni 19 niños y dos maestros asesinados en una escuela son motivo suficiente para cambiar el rumbo legislativo. Parece que tampoco lo son los más de 140 menores de 12 años que han sido asesinados en el país en 2022 por ataques con arma de fuego o los 500 adolescentes entre los 12 y los 17. Números que con el paso del tiempo se acumulan y se vuelven parte de la estadística, pero no de la discusión sobre la política pública que se necesita para garantizar la seguridad de los niños en las escuelas.
Lo ocurrido en Uvalde, Texas, puede ocurrir y ha ocurrido decenas de veces en todo Estados Unidos. Mientras la regulación para la venta de armas siga siendo tan laxa como lo ha sido hasta ahora, mientras un grupo tenga más poder que el resto de la sociedad gracias al financiamiento de campañas electorales, las cosas seguirán siendo iguales. Las leyes seguirán detenidas y los discursos, los minutos de silencio y el miedo seguirán rondando las escuelas. “Incomprensible” ha dicho también el gobernador Abbott, cuando gracias a políticos como él, en Estados Unidos es más sencillo para un adolescente comprar un arma que una cerveza.
Twitter: @solange_
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