La promesa de campaña que la gente vitoreó fue la de democratizar el acceso a la justicia. Sin embargo, las palabras pueden ser engañosas y por eso no debemos perder la oportunidad de tener una discusión entre juristas, analistas, miembros del poder judicial y ciudadanía.
Todos deseamos un poder judicial en el que podamos confiar. Queremos un sistema de justicia capaz de resolver conflictos entre particulares y sancionar a quienes cometan delitos; que no encarcele a inocentes, pero tampoco deje impunes a los responsables. No queremos esperar años en prisión antes de recibir sentencia, ni vivir extorsionados por parte de quienes investigan e integran los expedientes.
Por su parte, los inversionistas necesitan tener la certeza de que existe un mecanismo judicial para ampararse ante actos de autoridad o para litigar controversias, concesiones denegadas o permisos rechazados. Quienes invierten en México quieren tener la posibilidad de dirimir disputas comerciales y en materia energética, minera, de telecomunicaciones; y hacerlo por medio de tribunales expertos en estos temas.
Partiendo de esta premisa, queda claro que la iniciativa de reforma al poder judicial federal enviada por el presidente López Obrador al congreso el pasado 5 de febrero no resuelve el problema. Antes que nada, necesitamos repensar la procuración de justicia, paso previo a su impartición. Para esto, es necesario fortalecer al ministerio público. Necesitamos una verdadera defensoría social, con presupuesto suficiente, sueldos justos y prestaciones para el personal, mecanismos de supervisión y un fiscal autónomo del poder político.
En cuanto a la impartición de justicia, necesitamos atender la falta de confianza en jueces y magistrados, quienes resuelven sobre la base de la investigación realizada por el ministerio público y a partir de lo que está establecido en la ley. Todos los juicios deben terminar con una sentencia, pero hay miles de personas en prisión preventiva sin una. Este año poco más de mil ciudadanas y ciudadanos votaron desde las prisiones; no han perdido sus derechos político-electorales, pero sí su libertad y posiblemente su patrimonio. Eso no es justicia.
Nada de esto se resolverá eligiendo a los mil 686 jueces y magistrados en funciones por la vía del voto popular. Cierto es que la iniciativa contempla que dicho voto no sea sobre listas abiertas, sino sobre una selección de personas que harían la presidencia de la república, ambas cámaras del congreso de la unión y la suprema corte. Sin embargo, la iniciativa no se acompaña de una ley secundaria, por lo que el procedimiento y el perfil preciso para las 10 mil candidaturas del poder judicial queda incierto, con el riesgo de que se cuelen personajes incapaces o deshonestos de gran popularidad.
Otro asunto preocupante es que la iniciativa parece plantear un cambio de jueces y magistrados del poder judicial federal de golpe y, a excepción de la suprema corte, sin escalonamiento. Bajo el riesgo de que esta propuesta se apruebe apresuradamente, podríamos olvidar la profesionalización que avalan 30 años de carrera judicial acumulados desde la gran reforma de 1994. Toda la experiencia jurisdiccional sería descartada de un plumazo, solo para repetir este proceso en cada reemplazo: primero en 2030 y luego en 2039, cuando votaríamos de nuevo por todos los cargos de jueces y magistrados, según la iniciativa del llamado plan C del presidente López Obrador.
No podemos olvidar que en 2026 se realizará una revisión del tratado comercial de Norteamérica y en 2036 esperaríamos refrendarlo. Por lo tanto, para los socios comerciales resulta preocupante una sustitución del poder judicial federal en ese lapso, ya que los tribunales perderían conocimiento y seguimiento de los casos, sin mencionar la incertidumbre que habría sobre los litigios y amparos en curso.
Finalmente, bajo ninguna circunstancia puede quedar el poder judicial a merced de la política partidista. Ante la falta de una propuesta de ley secundaria, no sabemos cómo serán financiadas las campañas, ni cómo podemos garantizar la independencia de las candidaturas del poder judicial. Además, al empatar el periodo de elección de jueces y magistrados con el de representantes populares y gobernantes, los primeros quedarían automáticamente vinculados a las posturas partidistas.
Para hacer accesible y confiable la impartición de justicia, necesitamos discutir un conjunto de reformas legales, más que constitucionales, que permitan garantizar que sea pronta y expedita. Para corregir lo que ocurre actualmente, es esencial hablar de un presupuesto adecuado, de la incorporación de tecnología, la profesionalización y la rendición de cuentas dentro del poder judicial.
Cualquier reforma aprobada apresuradamente y por mayoriteo corre el riesgo de tener un costo altísimo en términos de confianza en nuestras instituciones y en el crecimiento económico de mediano plazo. Ojalá sepan hacer historia.
mahc