El Estado mexicano se encuentra en desacato a la Corte Interamericana que ordenó en abril de 2023 eliminar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución. Recientemente, este Tribunal emitió el primer informe sobre el caso García Rodríguez vs México y concluyó que no se ha cumplido la medida de mayor calado estructural: eliminar el carácter automático de la prisión preventiva y adecuarlo a la Convención Americana, para que sea aplicada de manera justificada, esto es, valorada judicialmente en cada caso.
La administración de Claudia Sheinbaum y el Congreso de la Unión colocan a México en una situación inédita: al haber impulsado una nueva reforma constitucional que amplía esta medida, dos de los poderes del Estado han incumplido un fallo internacional y colocan a México, por primera vez, en una situación de responsabilidad internacional agravada.
El escenario es particularmente delicado: México fue sentenciado en una jurisdicción que reconoció de manera soberana, fue encontrado responsable por hechos ilícitos graves, lo que motivó la orden de modificar su orden jurídico interno. Lejos de eso, el presidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum impulsaron con la mayoría de Morena en el Congreso, otra reforma constitucional, mientras que la Suprema Corte tampoco se ha pronunciado sobre la sentencia internacional.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que el escenario desafiante sobre justicia, impunidad y seguridad no debía enfrentarse ampliando la prisión preventiva, una medida innecesaria y violatoria de los derechos básicos en una democracia funcional. Llamó a que la figura se aplique mediante “una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detención”.
La falta de independencia de las Fiscalías en México genera el riesgo de un uso ilegítimo y arbitrario que, además, ha favorecido esquemas de extorsión por las corporaciones policiacas, aumentando el número de personas pobres encarceladas. La prisión preventiva puede obtenerse de forma justificada, si se acredita su necesidad, pero detener preventivamente por meses o años es propio de regímenes autoritarios.
La tendencia de encarcelar automáticamente es responsabilidad de todas las fuerzas políticas. Tanto la Conferencia Nacional de Gobernadores –incluyendo a gobiernos de oposición del PAN, PRI y MC–, así como la totalidad de las Fiscalías del país se sumaron en abril al llamado del presidente López Obrador para que la Suprema Corte desacatara el fallo internacional y mantuviera la prisión preventiva oficiosa.
La presidenta Sheinbaum tiene una oportunidad valiosa para demostrar su compromiso con los derechos humanos y evitar el descrédito del país con las instancias internacionales. Acatar la sentencia de la Corte Interamericana le permitiría tomar distancia, más allá del discurso, de las medidas que impulsó Felipe Calderón, con quien, a pesar de las críticas, la 4T ha encontrado plena coincidencia en la política de seguridad.
Esto permitiría un viraje a la política exterior y mostrar a un Estado respetuoso del orden público internacional. A nivel interno, enfrentar la inercia de los gobiernos del PAN, PRI y de la propia 4T, para que la prisión oficiosa y la militarización, dejen de ser pilares de la política de seguridad. Ello daría legitimidad a su administración y marcaría una etapa diferente a las medidas de los últimos 20 años.
Coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla. @hele_simon
