Opinion

Prisión preventiva oficiosa: La condena internacional inevitable

20/08/2022 |02:00
Redacción El Universal
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México está en la antesala de una condena internacional con implicaciones estructurales para el sistema de justicia penal y el derecho constitucional. El caso de Daniel García y Reyes Alpízar‚ quienes permanecieron 17 años y medio en prisión preventiva sin una sentencia‚ será analizado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de agosto y es altamente probable que se ordene eliminar de la Constitución la prisión preventiva de carácter oficioso‚ para que subsista únicamente en una modalidad justificada.

El caso revela las peores prácticas de las instituciones de investigación del delito: detenciones arbitrarias‚ tortura‚ fabricación de pruebas‚ sustracción de evidencia‚ el uso de arraigo y del aparato de Estado‚ incluyendo a la policía‚ fiscales y jueces para favorecer los intereses de los actores políticos sobre el legítimo reclamo de verdad y justicia.

De todo esto‚ lo que llama la atención de la Corte Interamericana es que México –un país supuestamente democrático–‚ mantenga figuras consideradas violatorias de derechos humanos como la prisión preventiva oficiosa y el arraigo. Detener sin elementos para intentar conseguir pruebas y posteriormente solicitar una investigación o ser detenido únicamente bajo el criterio del delito sin ninguna alternativa a la prisión‚ nulificando la presunción de inocencia y el control judicial sobre el riesgo para la víctima‚ las pruebas o el desarrollo del juicio‚ constituyen prácticas profundamente autoritarias.

Resulta más grave que estas figuras fueron constitucionalizadas para garantizar su aplicación y brindarles eficacia jurídica. Cuando en 2005 la Suprema Corte señaló que el arraigo local carecía de base constitucional‚ indirectamente generó un efecto pedagógico perverso para los poderes públicos: en 2008 el arraigo y la prisión preventiva oficiosa se constitucionalizaron y en 2019 se amplió el catálogo de delitos en la Constitución.

Los tres Poderes de la Unión son responsables de esta condena inminente: El Legislativo por constitucionalizar la prisión preventiva oficiosa y ampliarla en 2019 –en contra de los llamados de Naciones Unidas a través de varios órganos de tratado‚ el Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana–‚ administraciones federales de distintos partidos que desde el Ejecutivo han impulsado un política de populismo punitivo y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció que las restricciones constitucionales expresas de derechos prevalecen sobre los tratados internacionales.

Recientemente‚ el ministro Arturo Zaldívar anunció que la Suprema Corte discutirá la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa y expresó su postura personal. Esto parece una respuesta reactiva al proceso de la Corte Interamericana. Aunque es encomiable que la Corte asuma la problemática su principal obstáculo es la jurisprudencia derivada de la Contradicción de Tesis 293/2011‚ la cual‚ dado el sistema de precedentes‚ obliga a todos los jueces‚ órganos de amparo y a las propias Salas de la Corte. En esa ocasión‚ solo el ministro José Ramón Cossío votó en contra y señaló que se reintroducía una relación de jerarquía de la Constitución frente a los tratados internacionales.

En la audiencia del caso‚ el ministro en retiro rendirá un peritaje que dará sustento al fallo de la Corte Interamericana. Con ello‚ se hace factible una sentencia que señale que la actual arquitectura constitucional y la jurisprudencia de la Suprema Corte son contrarias a la Convención Americana al constituir normas y decisiones judiciales de derecho interno contrarias al orden público interamericano frente a lo cual‚ la medida idónea de no repetición‚ es una reforma constitucional que elimine la prisión preventiva oficiosa. Así‚ sería la primera ocasión que un tribunal internacional condene a México a cambiar la Constitución Federal. Será la justicia internacional la que emita la última palabra.

Simón Hernández León (@hele_simon) es coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla y abogado de las víctimas en el caso García Rodriguez y Reyes Alpízar vs México.