La Cuarta Transformación ha impulsado una nueva reforma constitucional para ampliar la prisión preventiva oficiosa, esto es, que con la sola imputación de una fiscalía las personas vayan a prisión mientras se investiga y se realiza un juicio, sin que pueda haber una decisión judicial que valore si esta medida es necesaria, vulnerando así la presunción de inocencia. El encarcelamiento preventivo automático se agrava porque esta decisión de la Cámara de Diputados se adopta en abierto desacato de la última sentencia de la Corte Interamericana contra México y porque esta acción responde a una lógica de populismo penal que termina por encarcelar tendencial y estructuralmente, a las personas más pobres.
En abril del 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaba al Estado mexicano por la figura de la prisión preventiva oficiosa. Daniel García y Reyes Alpízar habían pasado 20 años en un juicio penal, de los cuales pasaron más de 17 años en prisión hasta que su caso escaló al Máximo Tribunal regional de derechos humanos. Su encarcelamiento fue posible porque a pesar de estar en proceso y de la existencia del derecho fundamental de presunción de inocencia, los actores políticos impulsaron desde 2008 la constitucionalización de la prisión preventiva automática por diversos delitos.
En principio, fue una medida que la administración de Felipe Calderón defendió como parte de la política de seguridad y la militarización, lo cual fue cuestionado por los sectores de izquierda y por las organizaciones de derechos humanos. Años después, apenas con unos días en el poder, Morena impulsó desde la Cámara de Senadores una ampliación de los delitos de prisión automática en diciembre de 2018. Los partidos de oposición en ese momento apoyaron la medida, solo en el Cámara de Diputados se cuestionó la reforma constitucional. En ese momento, hubo un consenso prácticamente unánime de las organizaciones de la sociedad civil, mandatos especiales, órganos de tratado de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana en que esta reforma era regresiva y violatoria de las convenciones internacionales de las que México es parte.
La prisión sin decisión judicial y sin un análisis de su necesidad y riesgo procesal no es solo violatoria de derechos, es una situación propia de regímenes autoritarios. Nuestro país no requiere de esta medida, la prisión preventiva justificada, decidida en audiencia judicial es utilizada en las democracias funcionales. Insistir en un catalogo de delitos que se va ampliando cada vez más convierte la excepción en normalidad y da un poder ilimitado a las fiscalías y a las policías, que han empleado esta medida como un nicho de mercado a partir de la extorsión y la amenaza de acusar falsamente.
Esta reforma es una traición a la base social de Morena, al constituyente de 1917 y a los compromisos de derechos humanos. En contra de plataforma de izquierda, de los sectores que dice defender y de la política que confrontó en los gobiernos del PRI y del PAN, la Cuarta Transformación profundiza en una medida que lleva a las personas más pobres a las cárceles del país. La promesa de “primero los pobres” se cumple con la prisión preventiva oficiosa. No van a las prisiones quienes más delinquen, sino quienes recursos económicos tienen en el país.
Con esta reforma constitucional se sepulta la historia constitucional del país. En 1917 Venustiano Carranza defendió que la Constitución estableciera plazos máximos para enjuiciamiento y que existiera libertad bajo fianza. La razón: el uso político de la justicia penal y el empleo de la cárcel por parte de los actores políticos. Además, esta medida no contribuye a disminuir la impunidad. Por el contrario, genera mayores incentivos para la corrupción de las fiscalías y las detenciones arbitrarias, sin generar capacidades institucionales que aseguren justicia.
La reforma avalada esta semana por la Cámara de Diputados tiene una gravedad superlativa: se da incumpliendo una sentencia internacional a la cual todos los órganos del Estado mexicano están vinculados. Esto coloca a nuestro país en una situación de responsabilidad internacional agravada. México será sometido al proceso de cumplimiento ante la Corte Interamericana, en el cual, esta reforma será evaluada. La población más vulnerable será la que pague los saldos de estas decisiones. A mediano plazo la prisión preventiva oficiosa dejará de existir y el Estado mexicano pagará un alto costo por realizar un fraude constitucional que permite violentar los derechos fundamentales de las personas.
Simón Hernández León (@hele_simon) Coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla
