El año 2024 concluye con una serie de reformas constitucionales polémicas y un deterioro de los derechos fundamentales. A casi 100 días de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum los desafíos de la violencia, la impunidad y el acceso desigual a derechos básicos, constituye el desafío más apremiante para las instituciones en México.
La estrategia de militarización continua la ruta iniciada por el gobierno de Felipe Calderón, seguida por Enrique Peña y López Obrador: la Guardia Nacional fue convertida en una fuerza armada, que, junto al Ejército y la Marina, participarán activamente en funciones civiles. Sobre ello, la ONU ha señalado su preocupación por la militarización de la seguridad pública. Al igual que lo hizo con los gobiernos del PAN y del PRI, la estrategia de Morena es cuestionada por trasladar esta función a las fuerzas armadas de manera permanente.
Este proceso se consolidó con la modificación el artículo 129 de la Constitución el cual había limitado desde 1917 –y con una redacción similar en la Constitución de 1857–, la actuación de las fuerzas armadas en tiempos de paz. La preocupación de normalizar la presencia castrense en la seguridad preocupa por el potencial “aumento de las desapariciones forzadas y la impunidad”, de acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, entre otros mandatos internacionales.
El control de diversos enclaves del país por los grupos de la delincuencia organizada exige el replanteamiento de una estrategia cercana a cumplir 20 años, con gobiernos de todos los signos y los mismos resultados de violencia extrema en diversos enclaves del país. Es imprescindible generar los acuerdos y la voluntad política para una estrategia de pacificación sostenida que permita revertir a mediano plazo los saldos de la violencia.
Lo mismo acontece con el tema migratorio. En medio de un aumento de los flujos regionales de personas hacia Estados Unidos, una crisis creciente de desplazamiento forzado en México y el cambio de la administración federal con Donald Trump, la política migratoria es errática, aislada a una estrategia regional con Centroamérica y subordinada a los acuerdos comerciales y a la estrategia de seguridad hemisférica de los Estados Unidos.
Este escenario preocupa a las instancias internacionales, las cuales advierten los riesgos para grupos en situación de vulnerabilidad estructural como las mujeres, las comunidades indígenas, activistas y periodistas, que enfrentan riesgos por la violencia e impunidad, la violencia de género, los grandes proyectos económicos y de infraestructura, así como persecución por su labor.
En el diálogo de alto nivel entre México y la Unión Europea, la delegación nacional indicó que las reformas sobre igualdad sustantiva, de pueblos indígenas y afroamericanos y la judicial buscan generar condiciones de igualdad, democracia y justicia. Aunque positivas en algunos sentidos, también apuntan a un modelo hiperpresidencialista y a una erosión de la división de poderes. Mientras otras como la de prisión preventiva y militarización son claramente regresivas. Claudia Sheinbaum debe marcar una ruta distinta a la de sus predecesores colocando a los derechos humanos y no a los intereses políticos en el centro de su administración.
Coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla. @hele_simon
