La reforma constitucional en materia judicial tiene un carácter político que busca la concentración de poder en la Presidencia de la República, debilitar el sistema de contrapesos y el control judicial sobre el poder público, con cambios legales que acotan la función jurisdiccional y el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana.
En el marco de su discusión, la Relatora de Independencia Judicial de la ONU expresó su preocupación por el riesgo de debilitar la imparcialidad e independencia si era aprobada en los términos propuestos por el Presidente López Obrador. Sugirió garantizar un procedimiento de selección técnico y no politizado, centrado de forma exclusiva en calificaciones y méritos.
Previamente, en un estudio sobre los desafíos de la democracia, la relatora Margaret Satterthwaite alertó sobre la erosión de la división de poderes por el control del Ejecutivo o del Legislativo mediante el cambio de los sistemas de nombramiento y destitución judicial. Señaló que las reglas de selección sobre la base de la afinidad política “percibida” de las y los jueces, aumentaba significativamente los riesgos de “captura” de los poderes judiciales.
Esto acontece con la aprobación de la elección por vía popular en la que dos de los poderes del Estado son afines al proyecto de la 4T y la conformación del Tribunal de Disciplina cuyas facultades generan riesgo de imposición de sanciones bajo criterios de decisión política que mermarían la independencia de las y los jueces. El cambio del sistema de contrapesos se enmarca en la descalificación reiterada de la Presidencia de la República al Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte bajo señalamientos de corrupción, nepotismo y la adjudicación descontextualizada del problema de impunidad en el país.
Basta señalar que, de acuerdo con la ENVIPE del INEGI, 93% de los delitos no se denuncia, y del universo denunciado, en el 80% las Fiscalías no actúan y únicamente el 1% de los delitos llega a una sentencia, la mayoría de los casos corresponde a la justicia local, lo que devela la responsabilidad de las policías y fiscalías en la impunidad generalizada y no en el PJF o en la Suprema Corte.
Si bien hay coincidencia en la necesidad de fortalecer a los poderes judiciales, la reforma apunta más a la “captura” de la justicia e incrementa los escenarios en que los actores
políticos, los agentes económicos o la criminalidad organizada influyan en el control del poder judicial, en acotar el contrapeso hacía el Ejecutivo y en debilitar las facultades de defensa de las libertades democráticas.
A este panorama se suman otros cambios legales que minan al Poder Judicial: la reforma a la Ley de Amparo para evitar suspensiones con efectos generales impide analizar en cada caso el riesgo irreparable de derechos humanos y el artículo décimo primero transitorio de la reforma judicial que obliga a los órganos de Estado a una aplicación jurídica literal e impide, por vía legislativa, la posibilidad de suspender o inaplicar el Decreto. Una disposición idéntica se encuentra en la iniciativa para ampliar la prisión preventiva oficiosa. Esto representa una eliminación de facto sobre el control de leyes –incluyendo la revisión sobre contenidos de reformas constitucionales–, además de suprimir el control de convencionalidad para garantizar el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es parte. Por último, abre el escenario de un desacato –constitucionalizado– a las sentencias de la Corte Interamericana.
La Suprema Corte tendrá la última palabra. Aunque históricamente ha sostenido una postura que niega el control sobre reformas a la Constitución, una minoría de ministros y ministras han defendido esta función en términos de límites materiales y contenidos inderogables de la Constitución por el constituyente ordinario. Paradójicamente, una decisión de carácter político, pero por vía jurisdiccional, podría llevar al Máximo Tribunal a replantear este criterio y analizar la reforma judicial si se asume como garante del estado de derecho y la división de poderes.
Simón Hernández León
@hele_simon
Coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla
