Puebla representa la crisis de desaparición forzada en México caracterizada por la parálisis e indolencia institucional y familiares desempeñando las tareas de las autoridades, derrotadas por el tiempo y el silencio. Recuperar la sensibilidad y empatía en el ejercicio de poder público es imprescindible ante cada día de eternidad para miles de familias con algún ser querido desaparecido.
Las integrantes del colectivo “La Voz de los Desaparecidos en Puebla” fueron empujados al activismo y elaboraron, en vinculación con la Universidad Iberoamericana de Puebla y la diputada local Estefanía Rodríguez, la iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas, una tarea que le correspondía a las y los diputados; pero que por apatía y cálculo político han sido incapaces de realizar durante tres años de la legislatura que esta semana concluyó el último periodo ordinario de sesiones.
En los últimos años, la entidad ha oscilado entre el cuarto y segundo lugar nacional con más casos de mujeres desaparecidas, y el tercer sitio en casos de niñas, niños, y adolescentes. Según cifras oficiales a julio de 2021 se registraban 2 mil 557 personas desaparecidas.
Frente a la ausencia de soluciones estructurales, las familias impulsan las investigaciones, aportan pruebas, ubican lugares para búsquedas y las encabezan, establecen patrones, ubican a posibles responsables, e incluso, redactan leyes. Solo exigen a la legislatura generar las condiciones mínimas para garantizar los derechos de verdad y justicia, organizar el Sistema Estatal de Búsqueda, la Fiscalía Especializada y los servicios forenses, entre otras cuestiones, en una legislación local cuya armonización debía realizarse en 180 días.
Sin embargo, han trascurrido más de 1000 días de omisión legislativa y un año de la presentación de la iniciativa, lo que llevó, incluso, a ser la primera entidad donde se acude al amparo por esta situación. Las integrantes de la LX legislatura de Puebla han sido indolentes e irresponsables al desatender el plazo para legislar, faltaron a su palabra y gestionaron políticamente una legítima exigencia.
De forma contradictoria, el mismo congreso que recibió llamados para legislar de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Cruz Roja Internacional y se comprometió públicamente a emitir la ley, se deslindó de su obligación en el terreno judicial y la trasladó al Congreso de la Unión. Paradójicamente, hay mayores esfuerzos institucionales en litigar contra las familias que en cumplir su obligación.
En este escenario ya complejo, se suma el gobernador Miguel Barbosa, quien en marzo pasado declaró que el fenómeno de la desaparición era un tema de suma urgencia y enviaría una iniciativa. A la fecha, se desconoce la propuesta, lo que abona a que no se legisle o se ignore la iniciativa elaborada por la “Voz de los Desaparecidos en Puebla”.
Para el poeta Juan Gelman, no enfrentar el problema de las y los desaparecidas era añadir capas de olvido que apuestan a su consolidación con el paso del tiempo. Frente al silencio, queda el camino de la justicia. Aún hay tiempo para que el Poder Ejecutivo y el Legislativo actúen con responsabilidad y se convoque a un periodo extraordinario de sesiones para aprobar la propuesta de las familias y cumplir con un piso mínimo de estructura legal para responder a la crisis de desaparición forzada.
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Simón Hernández León (@hele_simon) es coordinador de la Licenciatura en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla y de la Clínica Jurídica Minerva Calderón.
